Dentro de pocos días, según ha anunciado públicamente el jurista cubano René Fidel González García, la Fiscalía en Cuba presentará cargos penales contra Alina Bárbara López Hernández y Jenny Victoria Pantoja Torres por los presuntos delitos de desacato, desobediencia y atentado.
La información fue difundida por González García a través de su perfil en la red social Facebook, donde alertó sobre la inminente formalización de un proceso judicial contra ambas mujeres.
Aunque aún no se ha hecho pública la acusación fiscal, el catedrático en ciencias jurídicas expresó que, una vez se tenga acceso al documento acusatorio, será evidente su carácter absurdo, inconsistente y alejado de los principios jurídicos universales.
De acuerdo con lo planteado, se espera que el proceso judicial avance a pesar de lo que algunos observadores podrían interpretar como deficiencias sustanciales en la acusación.
Según René Fidel González, el resultado previsible del juicio es una condena, dictada por jueces que posteriormente participan en espacios académicos o foros institucionales nacionales e internacionales donde se debaten temas como el Estado de derecho, los derechos humanos, la democracia o la justicia.
González García sugiere que la verdadera razón detrás de las acusaciones no radica en la comisión efectiva de los delitos señalados.
En su opinión, el motivo real de las sanciones sería el ejercicio de derechos políticos más allá de los márgenes permitidos por el sistema cubano. Asegura que, como es conocido por juristas cubanos que trabajan en las universidades, tribunales y bufetes del país, los ciudadanos no disfrutan plenamente del derecho a la igualdad política, ni de otras garantías fundamentales relacionadas con la participación política.
El jurista también afirmó que, en Cuba, el sistema de poder vigente limita de manera estricta el ejercicio de cualquier forma de disidencia política organizada o manifestación de inconformidad más allá de los marcos establecidos por el orden constitucional actual.
En ese contexto, René Fidel González sostiene que el caso de Alina y Jenny no es un hecho aislado, sino parte de una práctica más amplia de exclusión política.
Finalmente, concluyó su mensaje con una reflexión sobre el diálogo entre los excluidos, al que definió como un acuerdo sobre aquello que se considera decente, y estableció una distinción entre las aspiraciones que pertenecen al futuro —como la libertad y la justicia— y la complicidad con el poder represivo, que ubicó en el territorio de la memoria.
La publicación ha generado atención entre usuarios de redes sociales y círculos de observadores internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en Cuba.
