Un ciudadano cubano fue condenado a 28 años de privación de libertad por el asesinato de su expareja, un crimen ocurrido en la madrugada del 5 de junio de 2024 en la provincia de Las Tunas. La sentencia fue dictada por el Tribunal Provincial Popular durante el juicio oral de la causa 20 de 2025, realizado en la Sala Primera de lo Penal, como parte del Tercer Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Drogas, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales.
El tribunal halló culpable al acusado de privar de la vida a la mujer con quien había tenido dos hijos, atacándola con un arma blanca en su propio domicilio. Según las autoridades, el condenado ya había sido sancionado con anterioridad por otros delitos, lo que agravó su situación legal.
Durante el proceso judicial, que según el medio oficialista Periódico 26 se desarrolló con apego a las garantías procesales establecidas en la Constitución cubana y la Ley de Proceso Penal, el acusado contó con representación letrada. Asimismo, se informó que tanto él como la Fiscalía tienen derecho a interponer un recurso de casación contra el fallo emitido por el tribunal.
Además de la sanción principal de 28 años de cárcel, se le impusieron sanciones accesorias como la privación de derechos públicos —incluido el derecho al sufragio— y la prohibición de solicitar pasaporte o salir del territorio nacional mientras cumpla su condena. También deberá pagar una pensión alimentaria a cada uno de sus hijos menores hasta que alcancen la mayoría de edad o finalicen sus estudios.
Este nuevo caso de violencia feminicida ha reavivado el debate sobre la seguridad de las mujeres en Cuba, un país donde, a pesar de recientes reformas legales, los crímenes por motivos de género continúan ocurriendo con alarmante frecuencia. La aplicación de una condena severa no borra el hecho de que la víctima, madre de familia, fue asesinada en un contexto de abandono estatal en términos de protección efectiva contra la violencia doméstica.
Las autoridades insisten en que la justicia actuó con transparencia y rigor, pero organizaciones independientes y defensoras de los derechos de las mujeres han reiterado la necesidad de contar con mecanismos de prevención más efectivos, así como políticas públicas que vayan más allá del castigo y prioricen la protección de las posibles víctimas.
Este caso se suma a una larga lista de feminicidios en el país, donde la ausencia de estadísticas oficiales confiables y la falta de una legislación específica que tipifique el feminicidio dificultan la visibilización del problema y la implementación de políticas efectivas.
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