A seis años de la presentación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial en Cuba, diversas voces del activismo señalan que la iniciativa no ha generado transformaciones observables ni mecanismos que permitan evaluar su progreso.
Desde su creación en noviembre de 2019, el plan gubernamental fue presentado como una hoja de ruta para enfrentar desigualdades históricas, pero especialistas afirman que carece de información pública que permita medir su impacto.
Norberto Mesa Carbonell, miembro fundador de la Cofradía de la Negritud, destaca que durante este período no se han identificado políticas públicas enfocadas específicamente en reducir brechas raciales. Según explica, uno de los problemas fundamentales es que el Estado no reconoce oficialmente la existencia de racismo estructural, lo que limita la posibilidad de diseñar estrategias dirigidas a corregir desigualdades acumuladas.
A esto se añade que la población afrodescendiente no ha sido incluida como actor con participación propia en el diseño e implementación del Programa.
Mesa Carbonell también subraya que las autoridades no han difundido estudios diagnósticos, estadísticas o informes periódicos que permitan conocer avances, retrocesos o ámbitos prioritarios.
Entre los datos ausentes se encuentran cifras sobre acceso a oportunidades laborales, presencia en espacios de decisión o distribución territorial de la pobreza. La falta de estos indicadores dificulta la evaluación del cumplimiento de los objetivos anunciados y contrasta con estándares internacionales sobre políticas antidiscriminatorias.
La activista Zelandia Pérez Abreu, integrante de la Alianza Cubana por la Inclusión, coincide en que no se observan progresos verificables. Cita como ejemplo el incremento de personas afrodescendientes dentro de la población penitenciaria. Según cifras de Prisoners Defenders, al cierre de abril de 2025, 843 de los 1.155 presos políticos registrados eran afrodescendientes, lo que representa un 73%, pese a que los censos oficiales indican que este grupo constituye poco más de un tercio de la población del país.
Pérez Abreu también señala que, aunque ha aumentado la presencia mestiza en la Asamblea Nacional, la estructura de poder continúa mayoritariamente en manos de personas blancas. A su juicio, los altos niveles de centralización limitan la puesta en marcha de medidas que involucren a la ciudadanía o permitan la supervisión independiente.
El opositor socialdemócrata Manuel Cuesta Morúa contextualiza estas dinámicas en un escenario de desigualdades crecientes. Afirma que no existen programas públicos orientados a reducir la pobreza concentrada en comunidades con alta presencia afrodescendiente y advierte sobre la distancia entre zonas urbanas revitalizadas y barrios con niveles de deterioro más acentuados.
Cuesta Morúa añade que la alta representación de afrodescendientes entre los presos políticos refuerza preguntas sobre la implementación real del Programa y la respuesta estatal frente a la protesta social.
Fuente: ddc
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