El presidente Donald Trump ha vuelto a generar controversia con una declaración pública que reaviva su estilo directo y confrontativo: propuso trasladar a ciudadanos estadounidenses considerados criminales a cárceles de máxima seguridad en El Salvador, como parte de su estrategia contra el crimen.
Durante un encuentro en la Oficina Oval con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Trump expresó abiertamente su interés en incluir a ciertos ciudadanos de EE.UU. en los grupos de personas deportadas. “Tenemos criminales locales y me gustaría incluirlos en el grupo de gente que sacamos del país”, dijo, entre comentarios que también incluyeron bromas sobre la necesidad de construir más cárceles en El Salvador.
Aunque la idea no es nueva —según confirmó recientemente la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt—, esta es la primera vez que Trump la plantea de forma tan explícita ante medios de comunicación y en un acto oficial.
El centro de la polémica es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión salvadoreña de alta seguridad conocida por su enfoque de mano dura contra las pandillas, pero también por las denuncias internacionales de torturas, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. Trump ha mostrado admiración por la política de seguridad de Bukele, e incluso ha elogiado el modelo carcelario salvadoreño como un ejemplo de “eficiencia” que debería replicarse.
Los comentarios del presidente han generado reacciones divididas. Sectores afines a su línea política, como el empresario Elon Musk, aplaudieron la propuesta, mientras que grupos de derechos humanos, abogados constitucionalistas y líderes políticos de la oposición han advertido sobre su carácter ilegal.
Organizaciones como Human Rights Watch y la ACLU han alertado que la iniciativa contraviene principios básicos del sistema legal estadounidense, ya que enviaría a ciudadanos nacidos en EE.UU. a cárceles en el extranjero, donde podrían quedar desprotegidos frente a abusos y sin acceso a garantías legales.
La magistrada de la Corte Suprema Sonia Sotomayor manifestó su preocupación en un escrito reciente, señalando que medidas de este tipo podrían abrir la puerta a detenciones arbitrarias y expulsiones sin el debido proceso: “Los ciudadanos pueden ser detenidos en las calles, forzados a subir a un avión y encerrados en prisiones extranjeras sin oportunidad de apelar”, advirtió.
El gobierno de Bukele, por su parte, ha mostrado disposición a colaborar. Según medios estadounidenses, en febrero pasado el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó El Salvador para dialogar sobre temas de seguridad bilateral. Durante esa visita, Bukele habría expresado apertura a recibir presos estadounidenses considerados de “alta peligrosidad”.
No obstante, un reporte de Bloomberg reveló que más del 90% de los más de 200 migrantes enviados por EE.UU. al Cecot no contaban con antecedentes penales en territorio norteamericano. Muchos de ellos fueron vinculados al grupo criminal venezolano Tren de Aragua sin que se hicieran públicos los cargos o pruebas concretas.
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