La activista cubana Ilsa Ramos, esposa del preso político Yasmany González, denunció públicamente una grave irregularidad que, según ella, demuestra el nivel de impunidad con el que opera la Seguridad del Estado en Cuba.
A través de una transmisión en vivo por Facebook, Ramos reveló que el teléfono móvil incautado a su esposo durante su arresto el 20 de abril de 2023 se encuentra actualmente en manos de otra persona que lo utiliza con el mismo número de línea.
Ramos explicó que un amigo suyo intentó comunicarse con el antiguo número de Yasmany y recibió respuesta de alguien completamente ajeno. “O se lo vendieron o se lo dieron a un seguroso de esos… vean cómo son de chapuceros, porque ni el número cambiaron”, expresó con indignación.
Este incidente no se limita a la pérdida de un objeto personal. Se trata de una violación flagrante de la propiedad privada y del derecho a la privacidad. La opositora acusa directamente a la Seguridad del Estado de haber confiscado el teléfono y de haberlo transferido, presuntamente, a un colaborador del régimen.
Durante su transmisión, Ilsa Ramos compartió públicamente el número telefónico y exhortó a los ciudadanos a escribir o llamar al nuevo portador del dispositivo, con la intención de evidenciar públicamente esta arbitrariedad. “Pensaron que nos íbamos a olvidar del teléfono, pero no”.
Usuarios que siguieron la publicación comenzaron a interactuar con el número, confirmando que efectivamente está en posesión de otra persona. La revelación generó indignación en redes sociales y reavivó el debate sobre el uso indebido de bienes personales decomisados por el aparato represivo cubano.
Este no es un caso aislado. Otros activistas han reportado situaciones similares, en las que tras arrestos arbitrarios, pierden el rastro de sus teléfonos, computadoras y objetos personales.
Yasmany González, también conocido como Yasmany Libre Libre, fue acusado de “propaganda enemiga” tras pintar grafitis contra el Partido Comunista.
Fue arrestado en 2023 y enfrenta una condena de hasta seis años de prisión. Su juicio, celebrado en febrero de 2024, fue calificado por su esposa como un “circo”.
Además, denunció represalias como la pérdida de acceso a internet y maltratos físicos en prisión, incluyendo una fractura de costilla.
Este nuevo episodio refuerza las denuncias de arbitrariedad y abuso sistemático contra los opositores en Cuba.
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