El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó en la madrugada de este sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la presidencia del país, luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante la operación militar que sacudió Caracas y varias regiones del país.
En una decisión sin precedentes, el máximo tribunal invocó el artículo 335 de la Constitución venezolana, que permite garantizar la continuidad del Estado en situaciones excepcionales. La magistrada Tania D’Amelio, portavoz del fallo, explicó que el tribunal declara la existencia de una “ausencia forzosa del presidente” y, en consecuencia, instruye a Rodríguez a ejercer “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo” hasta que se restablezca el orden constitucional.
“El objetivo —explicó D’Amelio— es asegurar el funcionamiento de las instituciones, la defensa integral de la nación y la preservación del orden público en un contexto excepcional y atípico”.
El TSJ reconoció que el escenario actual constituye un hecho de fuerza mayor, no previsto literalmente en la Constitución, lo que llevó al tribunal a una interpretación ampliada de los artículos 234 y 239 para legitimar la transferencia temporal del poder.
La decisión, detalló el diario El Universal, fue adoptada tras intensos debates internos sobre cómo proceder ante la intervención militar extranjera y la detención del jefe de Estado. La medida se produce tras una noche de intensos bombardeos estadounidenses sobre Caracas, La Guaira y Aragua, en los que fueron atacadas instalaciones militares, incluidas Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota, en el marco de la operación que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.
Desde su residencia en Mar-a-Lago, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que su país “controlará Venezuela hasta que haya una transición justa”, y anunció que el nuevo gobierno venezolano será supervisado para garantizar “una transición ordenada hacia la democracia”.
La decisión del TSJ busca evitar un vacío de poder y mantener la continuidad administrativa ante la inestabilidad generada por el operativo estadounidense.
Sin embargo, analistas alertan que el movimiento judicial revela la fractura interna del chavismo, mientras las Fuerzas Armadas permanecen divididas entre la obediencia al Supremo y la lealtad al antiguo mandatario.
Delcy Rodríguez, una de las figuras más influyentes del chavismo, asume así la jefatura de Estado en medio de una crisis institucional sin precedentes, con el país bajo tensión militar, protestas aisladas y un futuro político aún incierto.
La decisión del TSJ de Venezuela de designar a Rodríguez como presidenta encargada tras la captura de Maduro se produce en paralelo a una serie de declaraciones desde Washington que revelan un cambio estratégico en la política estadounidense hacia Caracas.
El presidente Trump confirmó que su administración “controlará Venezuela bajo sus condiciones”, y que Rodríguez encabezará un gobierno de transición supervisado por Estados Unidos.
Desde su residencia en Mar-a-Lago, el mandatario aseguró que su país asumirá el manejo del país “hasta que haya una transición democrática justa”, e insistió en que los recursos energéticos venezolanos —en particular el petróleo— serán administrados temporalmente por EE. UU. para “beneficiar al pueblo venezolano” y compensar “las expropiaciones ilegales del pasado”.
“Vamos a dirigir este país correctamente y a asegurarnos de que el pueblo de Venezuela sea atendido”, declaró Trump, quien además confirmó contactos entre su secretario de Estado, Marco Rubio, y la propia Rodríguez.
Según el republicano, Rodríguez habría mostrado disposición a colaborar en la estabilización del país. “Está dispuesta a hacer lo que creemos que se debe hacer para que Venezuela sea grande de nuevo”, afirmó, parafraseando su célebre lema de campaña.
Por su parte, Rubio sostuvo en una entrevista con The New York Times que la élite chavista tiene ante sí “una oportunidad histórica” para actuar en beneficio del país.
“Tomaremos decisiones basadas en los hechos y acciones que veamos en los próximos días”, dijo el secretario de Estado, advirtiendo que Washington evaluará el comportamiento de Rodríguez y su gabinete antes de definir los pasos siguientes.
Las declaraciones generaron debate dentro y fuera de Estados Unidos. Mientras algunos republicanos, como el congresista Mario Díaz-Balart, celebraron la operación militar y destacaron el “respaldo real y sostenido” hacia la líder opositora María Corina Machado, otros criticaron que el plan de Trump concentre el poder en una figura del chavismo.
Díaz-Balart defendió que la acción militar era “necesaria para acelerar el cambio político” y negó que la supervisión estadounidense represente un acto de colonialismo. Sin embargo, advirtió que cualquier negociación con Delcy Rodríguez solo sería aceptable si facilita una salida democrática, “nunca para legitimar al régimen”.
Mientras tanto, desde Caracas, Rodríguez calificó la captura de Maduro como un “secuestro ilegal” y exigió pruebas de vida del exmandatario. Aun así, aceptó “relaciones de respeto” con Washington dentro de la “legalidad internacional”, abriendo una puerta ambigua a la cooperación con Estados Unidos en medio de la crisis.
El futuro político de Venezuela, y por extensión el equilibrio geopolítico del continente, dependerán ahora de esa tensa interacción entre la Casa Blanca y el chavismo sobreviviente, en un escenario donde la transición democrática prometida por Trump se mezcla con intereses energéticos, cálculos estratégicos y una nueva fase de disputa por el control del poder.
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