La reciente elección de varios países con cuestionado historial en derechos humanos para integrar el Comité de Organizaciones No Gubernamentales de la Organización de las Naciones Unidas ha vuelto a poner en entredicho la credibilidad del organismo internacional y su discurso sobre la defensa de las libertades fundamentales.
Entre los Estados seleccionados para este comité —que depende del Consejo Económico y Social (ECOSOC)— figuran China, Cuba, Nicaragua, Arabia Saudí y Sudán, naciones ampliamente señaladas por organismos independientes por la represión de la disidencia y las restricciones a la sociedad civil.
El Comité de ONG tiene entre sus funciones evaluar y otorgar estatus consultivo a organizaciones no gubernamentales, lo que en la práctica influye directamente en qué voces pueden participar en los espacios de la ONU. Por ello, la presencia de gobiernos acusados de limitar libertades genera preocupación sobre posibles conflictos de interés.
La votación para elegir a los 19 miembros del comité, que iniciarán mandato en 2027, estuvo marcada por la falta de competencia real. En la mayoría de los grupos regionales se presentaron listas cerradas con el mismo número de candidatos que escaños disponibles, lo que prácticamente garantizó la elección de los aspirantes.
Diversos informes independientes ya habían advertido sobre los perfiles de los candidatos. Según datos del monitor CIVICUS, al menos 13 de los países electos cuentan con espacios cívicos clasificados como “cerrados” o “reprimidos”, lo que implica severas limitaciones a la libertad de expresión, asociación y protesta.
En el caso de Cuba y Nicaragua, la polémica fue aún mayor. Representantes de Estados Unidos se desmarcaron del consenso durante la elección, señalando que ambos gobiernos continúan reprimiendo a sus ciudadanos y restringiendo la actividad de organizaciones independientes, lo que los haría incompatibles con un órgano que interactúa directamente con la sociedad civil.
La inclusión de estos países también coincide con denuncias previas del propio secretario general de la ONU sobre intimidación y represalias contra activistas y organizaciones que colaboran con el sistema internacional de derechos humanos. Al menos 14 de los candidatos habían sido mencionados en estos informes.
Para analistas y organizaciones defensoras de derechos humanos, este tipo de decisiones refleja una contradicción estructural dentro de la ONU: mientras promueve estándares internacionales de libertades, permite que gobiernos cuestionados participen en mecanismos clave que influyen en la participación de actores independientes.
El caso reabre el debate sobre la eficacia del sistema multilateral y la influencia política dentro de sus órganos. Lejos de ser un hecho aislado, la composición de este comité evidencia cómo las dinámicas de poder entre Estados terminan condicionando espacios que, en teoría, deberían garantizar mayor apertura y pluralidad.
Fuente: Servicio Internacional para los Derechos Humanos
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