La política migratoria en Estados Unidos vuelve a generar incertidumbre tras el anuncio de que las autoridades federales están revisando miles de casos de residencia permanente aprobados durante la administración anterior, lo que podría derivar en la revocación de algunas “green cards”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos confirmó que ha iniciado un proceso para reexaminar beneficios migratorios otorgados en años recientes, especialmente aquellos en los que exista sospecha de fraude o irregularidades.
El actual director del organismo, Joseph Edlow, aseguró en una entrevista que la agencia está reabriendo casos antiguos para verificar si los solicitantes cumplieron con todos los requisitos legales. “Si alguien cree que cometió fraude y no será detectado, se equivoca”, advirtió.
La medida forma parte de una estrategia impulsada durante la administración de Donald Trump para endurecer los controles migratorios y revisar decisiones adoptadas bajo el mandato de Joe Biden.
Aunque las autoridades no han detallado cuántos casos están bajo revisión ni los criterios específicos, expertos señalan que el proceso podría afectar a personas que obtuvieron la residencia permanente a través de diferentes vías, como reunificación familiar, empleo, programas humanitarios o refugio.
Históricamente, el gobierno estadounidense tiene la facultad de reabrir expedientes migratorios si detecta fraude, información falsa, antecedentes ocultos o errores administrativos. En esos casos, puede iniciarse un proceso de rescisión del estatus legal, que incluye notificación al afectado y, si es necesario, la intervención de un juez de inmigración.
El anuncio ha generado preocupación entre comunidades inmigrantes, especialmente porque no está claro el alcance real de la revisión ni cuántas personas podrían verse afectadas.
Datos recientes reflejan la magnitud del sistema migratorio: en el año fiscal 2024, cerca de 1,4 millones de personas obtuvieron la residencia permanente en Estados Unidos, un aumento significativo respecto a años anteriores. Entre los principales países de origen se encuentran México, India y Cuba.
Además, iniciativas como la denominada “Operación PARRIS” ya han puesto en marcha revisiones específicas en casos de refugiados, lo que sugiere un enfoque más amplio de supervisión posterior a la aprobación de beneficios migratorios.
A pesar del endurecimiento del discurso oficial, las autoridades insisten en que las revisiones estarán enfocadas en casos donde existan indicios concretos de fraude, y no en todos los beneficiarios de manera generalizada.
Fuente: Newsweek
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