El reciente anuncio del régimen de La Habana, que busca incentivar la inversión de cubanos residentes en el exterior, enfrenta serias limitaciones legales dentro del marco del sistema comunista vigente. Según explicó el ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva-Fraga, los cubanos en el extranjero podrían, bajo ciertas condiciones migratorias, convertirse en socios o dueños de empresas privadas en Cuba. Sin embargo, esta medida se topa con un obstáculo fundamental: la actual Ley de Migración, vigente desde 1976, no contempla ninguna figura de “inversor o de negocios”.
La categoría mencionada proviene únicamente de un borrador de la nueva Ley de Migración, aprobada por el Parlamento en 2024, pero que aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial ni ha entrado en vigor. El retraso en su implementación, que lleva más de dos años, evidencia la precariedad jurídica y la inseguridad institucional en la isla, donde las normas pueden activarse o suspenderse según la conveniencia del régimen, generando incertidumbre para quienes contemplan invertir.
La expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) mediante inversión extranjera de cubanos en el exilio también se ve limitada por la legislación vigente. El jurista Eloy Viera advirtió que, bajo la normativa actual, los residentes fuera de Cuba no pueden ser propietarios ni socios de estas empresas. Además, para los cubanos radicados en Estados Unidos, la sola proclamación oficial en La Habana no es suficiente: sería necesario obtener la autorización del gobierno estadounidense y modificar las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Aunque La Habana podría implementar soluciones, estas requieren garantías legales y económicas que generen confianza. Entre los elementos esenciales se incluyen estabilidad jurídica, facilidades cambiarias, protección frente a expropiaciones, mecanismos de resolución de disputas, fondos de garantía frente a riesgos políticos, y acceso al comercio exterior y a la banca internacional.
Según Pérez Oliva-Fraga, Cuba está dispuesta a permitir la participación de inversionistas cubanos en grandes proyectos de infraestructura, acceso a tierras en usufructo y la apertura de cuentas bancarias en divisas en bancos estatales. Sin embargo, la ausencia de un sistema que brinde seguridad jurídica y económica hace que muchos emigrados prefieran continuar enviando remesas en lugar de invertir directamente, evidenciando que las autoridades cubanas aún no están preparadas para una apertura económica real y sostenida.
Fuente: Periódico Cubano
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