La violencia de género en Cuba continúa dejando una estela de dolor e indignación. Dos nuevos feminicidios, confirmados por observatorios independientes, han vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad extrema en la que viven mujeres de distintas edades en la Isla, en medio de una crisis profunda que agrava todos los escenarios sociales.
Uno de los casos más impactantes es el de Katherine Cruz Aguilera, una adolescente de apenas 14 años, asesinada el pasado 14 de marzo en su vivienda en el barrio La Caldosa, en El Cornito, provincia de Las Tunas. Según las denuncias, el presunto agresor sería su expadrastro. La brutalidad del crimen, que ha generado conmoción en la comunidad, ha reavivado el reclamo de medidas efectivas de protección para niñas y adolescentes en el país.
Casi de forma simultánea, se reportó otro hecho violento en el municipio Cruces, en Cienfuegos, donde Santa Durán Hurtado, de 62 años, fue presuntamente estrangulada por su nieto de 17 años. Este caso evidencia otra arista poco visibilizada: la violencia que sufren las mujeres adultas mayores dentro del entorno familiar.
Ambos crímenes han sido verificados por organizaciones independientes como el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, que documentan estos hechos ante la ausencia de cifras oficiales transparentes.
Según explicó Iliana Álvarez, directora de OGAT, las niñas, adolescentes y personas adultas mayores se encuentran entre los grupos más vulnerables en el actual contexto cubano. La especialista alertó que la crisis generalizada —económica, social y de servicios— incrementa los riesgos y limita las posibilidades de protección.
Con estos dos casos, la cifra de feminicidios en Cuba en lo que va de 2026 asciende al menos a once, aunque organizaciones independientes advierten que el número real podría ser mayor debido a la falta de acceso a información y al silencio institucional.
La opacidad del régimen cubano frente a este fenómeno ha sido reiteradamente denunciada. No existen estadísticas públicas actualizadas ni protocolos efectivos que garanticen la prevención y atención a las víctimas. En este contexto, la labor de la sociedad civil se vuelve clave, aunque cada vez más difícil debido a la precariedad, el miedo y la falta de recursos.
Fuente: Martí Noticias
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