La Administración de Donald Trump introdujo un cambio significativo en el procesamiento de las solicitudes de asilo en Estados Unidos que podría afectar a cientos de miles de inmigrantes que esperan una respuesta de las autoridades.
La nueva política establece que determinados casos de asilo afirmativo podrán ser enviados directamente a los tribunales de inmigración sin que los solicitantes sean entrevistados previamente por un funcionario de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). De esta manera, los expedientes pasarían del procedimiento administrativo a un proceso de asilo defensivo ante un juez de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el cambio y afirmó que la medida busca reducir el retraso acumulado en la tramitación de las solicitudes y hacer más eficiente el sistema migratorio.
Según datos de USCIS, al cierre de diciembre de 2025 había 1,418,536 solicitudes de asilo afirmativo pendientes. El volumen de casos acumulados refleja la magnitud del impacto potencial de la nueva política sobre personas que llevan meses o incluso años esperando una decisión.
N+ Univision informó que abogados especializados en inmigración expresaron preocupación por las consecuencias del cambio y advirtieron que podría alterar sustancialmente el proceso al que estaban sometidos los solicitantes.
El abogado Haim Vásquez, con práctica en Texas, consideró que la decisión limita el procedimiento administrativo disponible para quienes pueden ser elegibles para obtener protección mediante USCIS y anticipó posibles desafíos legales contra la medida.
Por su parte, el abogado Ezequiel Hernández, de Arizona, calificó el cambio como una sorpresa para numerosos inmigrantes que esperaban desde hace años una entrevista y que ahora podrían pasar directamente a un proceso ante la Corte de Inmigración.
El traslado del expediente implica una diferencia importante para los solicitantes. Una vez que el caso llega al tribunal, el inmigrante debe defender su petición de asilo dentro de un proceso que puede estar vinculado a procedimientos de deportación. Esto puede obligar a muchos solicitantes a buscar representación legal y asumir nuevos costos para presentar sus argumentos ante un juez.
Los abogados también advierten que quienes no acudan a las audiencias programadas podrían recibir una orden de deportación en ausencia. En caso de una decisión desfavorable, los afectados tendrían que evaluar las alternativas legales disponibles o, dependiendo de sus circunstancias, considerar una salida voluntaria del país.
La medida también genera preocupación por la capacidad de las cortes para absorber una nueva carga de expedientes. El sistema judicial migratorio enfrenta actualmente un enorme volumen de casos pendientes y una cantidad limitada de jueces para atenderlos.
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