El gobierno cubano reveló un nuevo conjunto de medidas económicas para "reimpulsar" la economía en 2025 y "corregir distorsiones" estructurales. El anuncio, realizado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante una reunión con gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud, plantea reajustes que impactarán directamente en la vida cotidiana de la población.
Uno de los cambios más polémicos será la actualización de las tarifas eléctricas para determinados sectores, bajo el argumento de incentivar el ahorro energético. Esta medida se anuncia en un contexto crítico, donde los cubanos enfrentan apagones que superan las 20 horas diarias en varias provincias, lo que incrementa la preocupación social.
Además, se establecerán precios minoristas máximos centralizados para productos básicos de producción nacional, como el arroz y los frijoles. Según el gobierno, esto pretende garantizar el acceso a alimentos esenciales, aunque expertos advierten que este tipo de controles suelen derivar en desabastecimiento.
Otro punto clave será la implementación del uso de tarjetas prepagas en divisas para la compra de combustibles por personas jurídicas. Esta decisión surge tras el reconocimiento oficial de la escasez de gasolina, disponible únicamente en moneda extranjera, lo que profundiza la dolarización parcial de la economía y amplía las brechas sociales.
También se modificará el sistema de precios en la construcción, aplicable a todos los actores económicos, con la intención de fortalecer los encadenamientos productivos. De igual modo, se plantean incentivos para atraer inversión extranjera, especialmente en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, junto a un nuevo mecanismo para gestionar divisas.
En el ámbito laboral, se reorganizará el comercio gestionado por formas no estatales y se redistribuirán los fondos salariales no ejecutados, supuestamente para estimular la permanencia laboral.
Aunque la prensa oficialista asegura que estas medidas están en proceso de implementación, no se han ofrecido detalles concretos. Analistas critican la falta de un plan claro y advierten que estas decisiones podrían aumentar el costo de vida y la desigualdad, afectando aún más a los hogares sin acceso a divisas.