La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, comenzaron este viernes un nuevo juicio oral por lavado de dinero y asociación ilícita, en una causa que investiga operaciones hoteleras e inmobiliarias vinculadas al patrimonio de la familia.
El proceso busca determinar si empresas relacionadas con los Kirchner fueron utilizadas para canalizar fondos procedentes de actos de corrupción durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
Según informó la agencia AP, la Fiscalía sostiene que los negocios de las sociedades Hotesur y Los Sauces habrían servido para recibir pagos de empresarios beneficiados con contratos de obras públicas y devolver esos fondos al patrimonio familiar mediante operaciones hoteleras e inmobiliarias.
La acusación considera a Cristina Fernández jefa de una asociación ilícita, mientras que atribuye a su hijo Máximo el papel de organizador. El expediente también incluye a empresarios, antiguos funcionarios y otras personas vinculadas con las operaciones investigadas.
Entre los acusados figura el empresario Lázaro Báez, relacionado con contratos de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas y condenado en otros procesos por corrupción. También aparecen los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de exfuncionarios y personas vinculadas a las empresas familiares.
Una de las líneas centrales de la investigación se refiere a alquileres de habitaciones de hoteles que, según la Fiscalía, habrían sido contratadas por empresas vinculadas a Báez pese a que algunas habitaciones permanecían vacías o tenían una ocupación mínima. Los investigadores sospechan que esos pagos pudieron utilizarse para introducir dinero de origen ilícito en los negocios de la familia.
La otra parte del expediente examina operaciones inmobiliarias, contratos de alquiler y transferencias relacionadas con la firma Los Sauces y empresarios que mantuvieron relaciones comerciales con el entorno kirchnerista.
Fernández, de 73 años, siguió la apertura del juicio por videoconferencia desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025 por una condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en otra causa relacionada con la adjudicación irregular de obras viales.
La expresidenta rechaza las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución política y judicial. Su hijo también deberá responder ante los tribunales por los cargos que se le atribuyen.
El juicio reúne dos investigaciones que inicialmente tramitaron por separado. La Justicia ordenó unificarlas para examinar conjuntamente las operaciones y las pruebas relacionadas con ambas sociedades.
Los delitos de lavado de activos y asociación ilícita contemplan penas que pueden alcanzar los diez años de prisión. El proceso deberá determinar si las acusaciones de la Fiscalía se sostienen con las pruebas presentadas y establecer las responsabilidades individuales de los imputados.
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