Diez ciudadanos cubanos permanecen vinculados a investigaciones y órdenes de búsqueda de autoridades federales de Estados Unidos por delitos que van desde millonarios fraudes al Medicare hasta robos armados y delitos contra menores. Los casos tienen distintos niveles de antigüedad y gravedad, y en varios de ellos las autoridades estadounidenses consideran que Cuba podría ser uno de los posibles lugares donde se encuentran los prófugos.
Las autoridades federales estadounidenses mantienen abiertas investigaciones contra una decena de ciudadanos cubanos relacionados con distintos delitos, entre ellos fraudes millonarios contra programas de salud, lavado de dinero, robos y acusaciones vinculadas con menores.
Uno de los casos más recientes es el de Alberto Pérez Elías de 57 años, señalado por su presunta participación en el robo a una joyería de Cape Coral, Florida, ocurrido en enero de 2026. Según la investigación, los asaltantes habrían ingresado al establecimiento después de perforar una pared y escapado con joyas valoradas en más de un millón de dólares. El FBI ofrece una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que permita localizarlo y advierte que podría estar armado y ser peligroso.
Otro de los fugitivos es Alejandro T. Pena Lam de 25 años, buscado por el FBI en Florida. El joven enfrenta cargos federales relacionados con la presunta explotación de una menor de 13 años para producir y enviar material ilegal por internet. Según las autoridades, se convirtió en fugitivo después de retirar sin autorización el dispositivo electrónico que llevaba colocado en el tobillo como parte de las condiciones de vigilancia.
Entre los casos más antiguos aparecen los hermanos Carlos, José y Luis Benítez, quienes son buscados desde hace años por un presunto fraude de aproximadamente 110 millones de dólares contra Medicare. De acuerdo con la acusación federal, los hermanos habrían utilizado clínicas de infusión para pacientes con VIH en Miami para presentar reclamaciones fraudulentas al programa federal de salud.
La lista también incluye a Amaury Pérez, acusado de participar en un esquema de fraude sanitario y lavado de dinero. Las autoridades calculan que el grupo al que pertenecía habría generado unos 2,5 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas a Medicare.
Otros dos nombres relacionados con este tipo de investigaciones son Bárbaro Ortega y Raúl Camejo. Ambos fueron acusados de participar en un esquema basado en reclamaciones falsas por equipos médicos que habría generado alrededor de 3,3 millones de dólares. Medicare habría pagado cerca de 972.000 dólares como consecuencia del fraude.
Jorge Caro enfrenta igualmente acusaciones por fraude sanitario. Según los investigadores, habría utilizado información de personas fallecidas para presentar reclamaciones fraudulentas por unos 5,2 millones de dólares, de los cuales su clínica habría recibido aproximadamente 1,63 millones.
Completa el grupo Jorge Iglesias-Vázquez, nacido en Cuba y acusado de fraude sanitario en un caso que se remonta a 2008. Las autoridades señalaron entonces que la empresa relacionada con él recibió alrededor de 1,1 millones de dólares de Medicare. Aunque su nombre apareció en registros anteriores de fugitivos, actualmente ya no figura entre los prófugos publicados por la oficina del FBI en Tampa.
En conjunto, estos expedientes abarcan casi dos décadas de investigaciones federales y muestran la diversidad de delitos por los que ciudadanos cubanos han sido buscados en Estados Unidos. En varios de los casos relacionados con fraude sanitario, los registros oficiales han señalado a Cuba como uno de los posibles lugares donde podrían encontrarse los acusados, aunque esa referencia no significa necesariamente que las autoridades hayan confirmado que alguno de ellos permanezca actualmente en la Isla.
Fuentes: Periódico Cubano - Hypermedia magazine
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