La administración de Donald Trump anunció una nueva expansión de su política de restricción de visas en América Latina y el Caribe, en una medida que refuerza su estrategia para frenar la influencia de países como China, Rusia e Irán en sectores considerados estratégicos para Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que 26 personas han sido sancionadas con la prohibición de entrada al país, aunque no reveló sus identidades ni nacionalidades. La medida, que entró en vigor de inmediato, también podría extenderse a familiares directos de los afectados.
Según el comunicado oficial, esta política forma parte de un enfoque más amplio de seguridad nacional, orientado a proteger la influencia de Estados Unidos en el hemisferio y evitar que actores extranjeros ganen control sobre infraestructuras clave o recursos estratégicos en la región.
Washington sostiene que individuos que actúen en representación de gobiernos o intereses vinculados a potencias adversarias, o que participen en actividades consideradas perjudiciales para la seguridad regional, podrán ser objeto de estas sanciones migratorias. Esto incluye desde financiamiento de proyectos sensibles hasta la facilitación de operaciones de influencia política o económica.
Entre las acciones que podrían derivar en la cancelación de visas, el gobierno estadounidense señala:
Permitir el acceso o control de activos estratégicos por parte de potencias extranjeras.
Participar en actividades que debiliten la seguridad regional.
Apoyar iniciativas que afecten infraestructuras críticas, como telecomunicaciones.
Impulsar operaciones destinadas a socavar la estabilidad política o económica en el continente.
Para la administración Trump, estas prácticas representan riesgos directos no solo para Estados Unidos, sino también para sus aliados en América Latina, en un contexto de creciente competencia geopolítica.
El anuncio también recuerda casos recientes que ilustran la aplicación de estas medidas. Uno de ellos involucró al presidente colombiano Gustavo Petro, quien enfrentó tensiones diplomáticas con Washington tras su participación en un evento en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. En ese momento, se le retiró el visado junto a sanciones dirigidas a su entorno, aunque posteriormente fueron revertidas tras un proceso de acercamiento bilateral.
Otro episodio citado ocurrió en Chile, donde tres funcionarios fueron sancionados por supuestamente comprometer la seguridad de infraestructuras críticas. Las acusaciones fueron rechazadas por el entonces presidente Gabriel Boric, quien calificó la medida como injustificada en medio de tensiones diplomáticas.
La Casa Blanca defiende esta política como una herramienta clave para impedir que América Latina se convierta en un terreno de operaciones para intereses rivales. En ese sentido, insiste en que continuará utilizando sanciones migratorias como mecanismo de presión frente a gobiernos, funcionarios o actores que, a su juicio, faciliten la penetración de potencias consideradas hostiles.
Fuente: Infobae
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