La administración de Donald Trump reforzó su estrategia migratoria con el despliegue de 7.000 agentes federales en distintas ciudades del país, una medida anunciada por el denominado “zar de la frontera”, Tom Homan. El operativo busca acelerar las detenciones y deportaciones de inmigrantes en situación irregular, en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias y de crecientes críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El responsable de la política fronteriza de la administración de Donald Trump, Tom Homan, informó sobre la movilización de 7.000 agentes federales a diversas ciudades estadounidenses con el objetivo de reforzar el plan de deportaciones masivas promovido por el presidente republicano. La medida forma parte de una estrategia más amplia destinada a incrementar las operaciones de control migratorio en el interior del país y acelerar la expulsión de personas que se encuentran de manera irregular en territorio estadounidense.
Según Homan, el despliegue incluye personal de distintas agencias federales, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras fuerzas encargadas de la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias. Los agentes serán distribuidos en áreas consideradas prioritarias por las autoridades debido a la elevada presencia de inmigrantes sin documentación o con órdenes de deportación pendientes.
La iniciativa se enmarca en la promesa de campaña de Trump de endurecer la política migratoria y ejecutar lo que ha descrito como la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. Desde su regreso a la Casa Blanca, la administración ha impulsado nuevas directrices para ampliar las facultades de las autoridades migratorias y agilizar los procesos de expulsión.
Sin embargo, el plan ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles, grupos de apoyo a migrantes y líderes comunitarios, quienes advierten sobre posibles afectaciones a familias mixtas, trabajadores esenciales y personas con años de residencia en el país. También han surgido cuestionamientos sobre el impacto económico que podrían tener las deportaciones masivas en sectores que dependen de mano de obra inmigrante.
Mientras la Casa Blanca defiende la medida como una acción necesaria para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y reforzar la seguridad nacional, el debate sobre el alcance y las consecuencias de estas políticas continúa intensificándose en todo el país.
Fuente: Univisión N+
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