Las recientes protestas estudiantiles en Cuba han sacado a la luz el descontento social ante el incremento de las tarifas de internet por parte de ETECSA, la única empresa de telecomunicaciones del país, cuya gestión está vinculada al conglomerado militar GAESA.
Según un informe publicado por la organización Cuba Siglo 21, el malestar no se debe únicamente al encarecimiento de los servicios, sino también a la creciente percepción de que ETECSA opera como un monopolio militarizado más que como una empresa pública orientada al bienestar ciudadano.
Emilio Morales, director de Cuba Siglo 21, denunció en declaraciones a Martí Noticias que ETECSA ha sido absorbida progresivamente por GAESA desde 2010, cuando la financiera RAFIN —controlada por el fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas— adquirió las acciones de Telecom Italia, entonces socia tecnológica clave de la compañía.
Desde entonces, GAESA ha expandido su dominio no solo sobre el sector de las telecomunicaciones, sino también sobre el lucrativo negocio de recargas móviles, el cual genera grandes ingresos gracias a las remesas que envían los cubanos desde el exterior.
La subida reciente de las tarifas, según Morales, no fue una decisión técnica, sino una imposición directa de GAESA en respuesta a la crítica situación económica de Cuba. "El país está quebrado", advirtió el economista, quien señala que el régimen ha recurrido a medidas impopulares para generar liquidez a toda costa, afectando directamente a los usuarios.
El aumento de precios ha sido particularmente mal recibido por estudiantes y jóvenes, que ven cómo se restringe aún más su ya limitado acceso a internet. Las manifestaciones en centros universitarios han incluido demandas para que se realice una auditoría independiente a ETECSA, ante la falta de transparencia en el manejo de sus ingresos.
El informe también denuncia el papel de ETECSA como herramienta de control interno. Afirma que miles de líneas están subvencionadas para el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas, y que las recargas realizadas por emigrados cubanos estarían financiando indirectamente los aparatos represivos del régimen.
Además, se acusa a la empresa de implementar limitaciones técnicas que dificultan la transmisión de información durante protestas, como ocurrió en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, donde hubo cortes selectivos del servicio.
El dossier concluye con un llamado a la ciudadanía a exigir transparencia no solo en ETECSA, sino en todas las empresas controladas por GAESA, advirtiendo que detrás de la fachada de una economía socialista se esconde un sistema de poder centralizado en una élite militar que ha acumulado riqueza e influencia sin rendir cuentas.
“Es hora de que los cubanos cuestionen abiertamente a quienes manejan los recursos del país como si fueran de su propiedad”, señala Morales, destacando el rol de los jóvenes en abrir el debate sobre la opacidad del poder en Cuba.
Fuente: Martí Noticias
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