La crisis energética en Cuba, resultado de años de negligencia e improvisación gubernamental, ha dejado de ser un problema de incomodidad cotidiana para convertirse en una amenaza de muerte.
Ese drama lo expone con dolor Yanelis Hernández Palmero, madre de Los Palacios, Pinar del Río, quien lleva un mes ingresada en el Hospital Pediátrico provincial. No porque su hijo Jeisel tenga una emergencia médica, sino porque su vida depende de la corriente eléctrica, un servicio que el Estado es incapaz de garantizarle fuera del hospital.
El niño sufre atrofia muscular espinal tipo 1, una enfermedad degenerativa que lo mantiene ventilado y con insuficiencia respiratoria crónica, lo que exige climatización y energía eléctrica permanentes para que los equipos que lo mantienen con vida funcionen.
Yanelis explica que tuvo que abandonar su casa porque el convertidor y las baterías entregadas por el gobierno fallaron, y cuando reclamó una solución, la respuesta fue la resignación de siempre: “Para eso no hay solución”.
La madre cuenta con una planta eléctrica, pero esta alternativa resulta absurda: es extremadamente ruidosa, perjudicial para el niño y molesta para los vecinos. Aunque algunos muestran empatía, otros se quejan o incluso culpan al pequeño, como si la urgencia de mantenerlo con vida fuera un acto egoísta. “La planta no es un lujo ni una comodidad, es la diferencia entre vivir o morir”, lamenta.
Antes de regresar al hospital, Yanelis intentó permanecer en casa esperando una respuesta oficial. Sin embargo, las largas horas sin electricidad y la ausencia total de apoyo estatal la obligaron a rendirse. Los responsables de garantizar recursos y baterías adecuadas nunca ofrecieron solución, pese a conocer el riesgo que implicaban los apagones.
Por ello, la madre no está en el hospital porque su hijo esté grave, sino porque el Estado no ha sido capaz de asumir su responsabilidad más elemental: proteger la vida de un menor enfermo. Su testimonio muestra con crudeza cómo la burocracia y la incompetencia obligan a las familias a rogar públicamente que la solidaridad ciudadana sustituya el deber gubernamental.
Su publicación en redes no es una denuncia formal, sino un llamado desesperado para recaudar dinero y comprar un sistema que mantenga encendidos el split y los equipos médicos de su hijo. “Pido con mis ojos llenos de lágrimas, lágrimas de una madre con un niño con un pronóstico de vida reservado”, escribió, suplicando ayuda para que su pequeño pueda pasar sus días en casa y no en una sala hospitalaria por culpa de un apagón.
Mientras tanto, Jeisel permanece vivo solo gracias al hospital, que en plena crisis energética funge como el único lugar donde el Estado puede suministrarle lo que debería tener en su propio hogar: electricidad.
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