En la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas se celebró el juicio oral de la causa número 1 del 2025, en la que un hombre fue hallado culpable de robo con fuerza en el hospital Ernesto Guevara. El acusado intentó sustraer equipos de cómputo del Departamento de Economía, valorados en más de 487 mil pesos.
La información que parece en el Periódico 26 de esa provincia indica que las pruebas presentadas confirmaron su responsabilidad en los hechos, por lo que el tribunal le impuso una pena de 10 años de privación de libertad. Además, se le sancionó con la pérdida del derecho al sufragio, la prohibición de salir del país hasta cumplir su condena y la obligación de reparar el daño económico causado a la institución.
Este proceso forma parte de la campaña que el régimen cubano lleva a cabo contra las ilegalidades, intentando proyectar una imagen de control sobre la delincuencia que, en realidad, se ha disparado en los últimos tiempos debido a la crisis económica y la miseria imperante en la isla. La inseguridad se ha convertido en un problema cotidiano para los cubanos, quienes enfrentan robos, asaltos y otros delitos mientras el gobierno intenta maquillar la situación con juicios de alto perfil.
Cabe destacar que estos juicios, lejos de impartir verdadera justicia, tienen un carácter ejemplarizante. Cuando un juicio se convierte en un mecanismo para enviar un mensaje político o intimidar a la población, deja de lado la equidad y el debido proceso. En Cuba, este tipo de estrategias se han utilizado a lo largo de los años para infundir temor y aparentar orden, cuando en realidad la delincuencia responde a una situación de desesperación social provocada por el propio sistema.
Este juicio se realizó en el marco de la Jornada Nacional de Enfrentamiento al Delito y las Ilegalidades, una iniciativa del gobierno que busca desviar la atención del incremento del crimen y las causas estructurales que lo generan. Según Orelvis Gener Crespo, presidente del Tribunal Popular Provincial, la estrategia también incluye charlas en escuelas y encuentros con personas bajo sanción para prevenir reincidencias, aunque en la práctica, la justicia cubana está lejos de garantizar derechos y se enfoca más en castigar que en resolver los problemas de fondo.
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