Una operación conjunta entre agencias federales resultó en la detención de 31 inmigrantes en una gallera clandestina en San Juan, según confirmó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). La intervención, que tuvo lugar este fin de semana, es parte de un esfuerzo continuo por parte de las autoridades para combatir actividades ilegales y hacer cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos.
La ubicación exacta de la gallera no fue revelada por las autoridades, pero el operativo contó con la participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como del FBI, la DEA, el Servicio de Alguaciles Federales (US Marshals), la ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y la Oficina de Seguridad Diplomática.
En declaraciones oficiales, HSI indicó que los arrestados enfrentarán procesos administrativos conforme a la normativa de inmigración vigente. No se informó si entre los detenidos hay personas con antecedentes criminales o si enfrentan otros cargos además del estatus migratorio.
“Las leyes migratorias de Estados Unidos se aplican de forma continua, y estos operativos forman parte de la misión de garantizar la seguridad de la población”, expresó la agencia en un comunicado.
Las peleas de gallos fueron oficialmente prohibidas en Puerto Rico desde el 20 de diciembre de 2019, tras la entrada en vigor de la reautorización de la Ley Agrícola Federal, firmada en 2018 por el entonces presidente Donald Trump. La ley considera esta práctica como una forma de maltrato animal, aplicando su alcance incluso a los territorios no incorporados como Puerto Rico.
A pesar de la prohibición federal, en la isla aún persiste la controversia en torno a esta actividad, defendida por algunos sectores como parte de la tradición cultural puertorriqueña y como fuente de ingresos económicos. En 2021, el gobierno local llegó a presentar un alegato ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos solicitando intervenir en un caso relacionado con la medida federal. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, la Corte Suprema decidió mantener la vigencia de la ley que prohíbe las peleas de gallos en la isla.
Por su parte, una legislación estatal aún sostiene el reconocimiento de las galleras bajo ciertas condiciones, asegurando que su funcionamiento no infringe las disposiciones del comercio interestatal incluidas en la ley agrícola. Dicha ley permite, por ejemplo, que se otorguen licencias a estas instalaciones, aunque en la práctica sus operaciones son limitadas por la normativa federal.
Las autoridades federales reiteraron su compromiso de continuar con operativos similares para identificar actividades ilegales y asegurar el cumplimiento de las leyes migratorias y de protección animal. Además, recordaron que cualquier persona involucrada en estas prácticas, sea como organizador o asistente, podría enfrentar consecuencias legales severas.
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