A través de las redes sociales hace pocas semanas pidieron ayuda para denunciar a Yerandy Calzadilla Dávalos, fiscal provincial del departamento de procesos penales en Mayabeque y rostro importante tras los procesos contra los manifestantes del #11J.

Cubalex, una organización no gubernamental que ofrece servicios de asistencia y asesoría legal gratuita a cubanos dentro y fuera de suelo natal, lanzó la denuncia en Facebook.

Ahora, la plataforma aseguró que el represor eliminó sus cuentas en el ciberespacio para evitar el escrutinio público.

“Atención/ REPRESOR. Reside en San José de las Lajas, Mayabeque. Calzadilla ha eliminado sus redes sociales para evitar ser identificado. Cubalex lo expone como parte de nuestro compromiso de visibilizar a los represores. Lo exponemos también en solidaridad con las personas detenidas y sus familias que hoy están en prisión por ejercer un derecho. Ayúdanos a compartir, ayúdanos a denunciar”, pidieron.

En el último año, el número de presos políticos en Cuba ha ascendido a 525, de acuerdo con la denuncia de Prisioners Defenders.

Esta cifra se convierte en un récord histórico para el país, tal y como informa la ONG a través de un informe sobre la represión política de la isla.

Prisioners Defenders vela por los derechos humanos y defiende la democracia. El Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Congreso de Washington o el Departamento de Estado de Estados Unidos son algunas de las muchas instituciones que utilizan los informes de la ONG.

De igual modo, es un referente en medios de comunicación como ABC, Le Monde, Le Figaro, The New York Times o The Washington Post.

“En los últimos 12 meses han formado parte de la lista de Prisioners Defenders 525 presos y condenados políticos en Cuba. Octubre de 2020 comenzó con 138 presos y condenados. Desde entonces, hasta el final de septiembre de 2021 han ingresado 387 nuevos casos”, indica la institución.

En tanto añade que, de estos detenidos, 288 casos fueron arrestados tras la ola represiva que surgió después de las protestas que iniciaron a mediados de julio a lo largo y ancho de la nación.

Sin embargo, Prisioners Defenders advierte que es “imposible abarcar todos los casos entre la población”, de ahí que este número podría ser incluso mayor.

“En los casos del 11-J en Cuba nos encontramos que obtener documentación es una excepción. En los juicios sumarios ésta no existe, pues la sentencia es oral y así lo explicita la Ley”, argumenta Prisioners Defenders.

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