El proyecto de Código Penal en Cuba prevé aplicar sanciones de privación de libertad de tres a ocho años al “funcionario o empleado público encargado de cumplir alguna misión en otro país que la abandone o, cumplida esta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue expresa o tácitamente a hacerlo”.

“En igual sanción incurre el funcionario o empleado público que, en ocasión del cumplimiento de una misión en el extranjero y contra la orden expresa del Gobierno, se traslade a otro país”, añade.

Lo anterior aparece reflejado en el artículo 176.1 de dicho documento, donde el régimen legaliza violaciones de derechos humanos en el país, pese a que el gobierno cubano es uno de los firmantes de los DD.HH. recogidos por la ONU.

Entre ellos, está el derecho a rescindir un contrato en cualquier momento por alguna de las partes. “Un derecho civil internacional incuestionable para el resto de los países del mundo y que no implica ninguna represalia”, señala un artículo en CubaNet.

También quebranta para el personal sanitario el conocimiento de las condiciones y límites de sus derechos, que deben estar explícitos en el contrato de cada médico y enfermero. De igual modo, viola el derecho a la movilidad territorial en los países en los cuales brindan servicios.

La Organización Internacional del Trabajo, anexo a Naciones Unidas, defiende la integridad salarial de los trabajadores al declarar que ninguna institución ni individuo puede apropiarse del salario de los empleados.

Hasta la fecha, la sanción que las autoridades cubanas aplicaban a los llamados “desertores” era la del destierro, negándoles el regreso al país durante un periodo de ocho años. Ahora el proyecto de Código Penal agrega al destierro por ocho años la misma cantidad de tiempo en la cárcel, cuando los trabajadores sanitarios desisten de seguir en las misiones internacionales y vuelven a Cuba.

El trato que el gobierno cubano da a los médicos en misiones internacionalistas, ha sido denunciado por varios países en múltiples ocasiones, tanto por la forma de explotación como por el acoso del que son víctimas.

En septiembre, el senador estadounidense Bob Menéndez solicitó a la Administración de Joe Biden agilizar el trabajo para incrementar la campaña internacional con el fin de acabar con la trata de personas facilitada por el régimen cubano bajo el calificativo de “misiones médicas”.

Menéndez advertía entonces que “la dictadura cubana se está aprovechando de la pandemia del COVID-19 para incrementar agresivamente su explotación y trata de miles de profesionales médicos cubanos al mandarlos a México y otros países”.

“La Administración Biden ya concluyó que los participantes en el programa de misiones médicas al extranjero del régimen cubano reciben solo entre el 5% y el 25% de su salario, el resto de los seis a ocho mil millones anuales son confiscados por funcionarios del régimen”, expuso.

Por esas fechas, médicos, técnicos de la salud y enfermeros que lograron fugarse de misiones en Venezuela denunciaron atropellos de diversa índole mientras estaban a disposición del régimen. “Las condiciones en las que vivíamos eran de un total hacinamiento. A eso súmale que sólo nos pagaban unos $3 al mes y dependíamos de bonos que nos daba el gobierno, que lo más que sumaban eran $30. Muchas veces teníamos que estar varios viviendo en un cuarto”, detalló un enfermero intensivista. 

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