En lugar de centrarse en resolver los graves problemas financieros de Cuba, el Ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, se dedica a controlar precios en las provincias, como recientemente se observó en su visita a Matanzas. Esta función, que en esencia debería recaer en autoridades locales o en entidades de supervisión económica específicas, desvía el foco de las tareas críticas que su cartera debería priorizar: estabilizar las finanzas públicas, reducir el déficit fiscal y abordar la crisis de deuda externa que ahoga al país.

Durante su visita, Regueiro enfatizó en solucionar quejas populares y fomentar el uso de canales digitales de pago y cuentas fiscales. Sin embargo, estas medidas no atacan los problemas estructurales que han llevado a Cuba a una situación económica crítica. La isla enfrenta una de sus peores crisis financieras en décadas, marcada por una inflación descontrolada, la devaluación del peso cubano y un déficit fiscal que se dispara año tras año.

El panorama económico de Cuba es sombrío. El gobierno no ha podido honrar sus compromisos financieros internacionales, como lo demuestra el reciente reconocimiento del gobierno de España de que la isla no podrá pagar su deuda de 2.000 millones de euros. Este incumplimiento no solo afecta las relaciones bilaterales, sino que también ahuyenta a potenciales inversores extranjeros, profundizando el aislamiento financiero del país.

A nivel interno, la economía se encuentra en bancarrota virtual, con un sector productivo paralizado, una inflación desbocada que golpea a la población y una moneda nacional que ha perdido gran parte de su valor. Sin embargo, en lugar de abordar estas cuestiones fundamentales, el Ministerio de Finanzas se distrae con iniciativas como controles de precios, que suelen ser medidas superficiales y a menudo contraproducentes en economías con problemas de oferta crónicos como la cubana.

El enfoque de Regueiro en el control de precios parece más una estrategia para mitigar el descontento social que una solución económica viable. En un mercado dominado por la escasez, establecer precios topados puede generar un efecto contrario al deseado: aumentar el mercado negro, incentivar el acaparamiento y desincentivar la producción.

Además, este tipo de medidas desvía la atención del verdadero problema: la incapacidad del gobierno para garantizar una economía funcional. La falta de liquidez, el bloqueo a las importaciones esenciales y la inexistencia de políticas eficaces para estimular la producción nacional están en la raíz del problema. Sin embargo, el ministro parece más interesado en maquillar los síntomas que en curar la enfermedad.

El Ministerio de Finanzas y Precios debería estar liderando esfuerzos para renegociar la deuda externa, reducir el déficit fiscal y diseñar políticas que estimulen la inversión y la productividad. Sin embargo, bajo la dirección de Regueiro, el ministerio se ha convertido en un órgano que supervisa tareas menores, relegando su rol principal de gestor de las finanzas públicas a un segundo plano.

Este desvío de funciones no es solo un fracaso técnico, sino también político. Refleja un gobierno más interesado en controlar y reprimir que en resolver los problemas fundamentales del país. Mientras tanto, los cubanos sufren las consecuencias de una economía en caída libre, con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y un acceso limitado a bienes esenciales.

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