Un juez federal anuló una de las medidas migratorias más controvertidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump al declarar ilegal el cobro adicional de 100.000 dólares que se exigía para determinadas solicitudes de visas H-1B, utilizadas por empresas estadounidenses para contratar trabajadores extranjeros altamente calificados.

La decisión fue emitida por el magistrado Leo Sorokin, quien concluyó que el Gobierno federal no tenía autoridad legal para imponer un cargo de esa magnitud sin la aprobación previa del Congreso.

La tarifa había sido anunciada por Trump como parte de sus esfuerzos para reformar el programa H-1B, un mecanismo creado en 1990 que permite a compañías estadounidenses contratar temporalmente profesionales extranjeros en áreas especializadas como tecnología, ingeniería, salud e investigación.

Según la proclamación presidencial, el pago extraordinario de 100.000 dólares se aplicaría a nuevas solicitudes de trabajadores residentes en el extranjero. La Casa Blanca argumentó que la medida buscaba evitar que las empresas utilizaran el programa para sustituir mano de obra estadounidense por empleados extranjeros más baratos.

Sin embargo, una coalición de 20 estados presentó una demanda contra la disposición, alegando que el aumento afectaría seriamente la capacidad de universidades públicas, hospitales, centros de investigación y otras instituciones para atraer profesionales especializados.

En su fallo, Sorokin determinó que el cobro funcionaba en la práctica como un impuesto y no como una simple tarifa administrativa. Por esa razón, concluyó que el Poder Ejecutivo carecía de facultades para imponerlo unilateralmente.

El juez también cuestionó la justificación presentada por las agencias federales para respaldar la medida, señalando que no existía una explicación razonable que sustentara la necesidad de un cargo tan elevado dentro del programa de visas.

La decisión representa un revés para los intentos de endurecer las condiciones de acceso a las visas laborales temporales. Diversos sectores económicos habían advertido que el aumento de los costos dificultaría la contratación de profesionales extranjeros en áreas donde existe escasez de personal cualificado.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional criticó la sentencia y defendió la política migratoria de la administración Trump. La agencia sostuvo que las reformas estaban dirigidas a proteger las oportunidades laborales de los ciudadanos estadounidenses y a preservar la integridad del sistema de visas.

Actualmente, el programa H-1B cuenta con un límite anual de 65.000 visas, además de otras 20.000 reservadas para personas con títulos académicos avanzados. Los empleadores ya deben asumir diversas tasas gubernamentales que suelen oscilar entre varios miles de dólares por solicitud.

Fuente: CBS News

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