La investigación judicial relacionada con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra ha dado un nuevo paso después de que el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama solicitara formalmente la cooperación de las autoridades estadounidenses para utilizar en el proceso penal información extraída de un teléfono móvil intervenido en una investigación desarrollada en Estados Unidos.

La petición se centra en el contenido del dispositivo perteneciente a Rodolfo Reyes, antiguo accionista de la compañía aérea, cuyos datos fueron obtenidos por agencias de seguridad estadounidenses durante pesquisas vinculadas a presuntas operaciones de blanqueo de capitales y evasión de sanciones internacionales.

Según la resolución judicial, el magistrado ha solicitado mediante una comisión rogatoria que las autoridades de Estados Unidos autoricen el uso de ese material como prueba dentro del procedimiento que se sigue en España sobre la concesión de ayudas públicas a Plus Ultra.

Los datos fueron recopilados inicialmente por investigadores estadounidenses y posteriormente analizados por la agencia Homeland Security Investigations (HSI). Parte de la información fue compartida más tarde con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española en el marco de la cooperación internacional entre ambos países.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, las comunicaciones halladas en el dispositivo podrían contener referencias a operaciones financieras, movimientos de fondos y conversaciones relacionadas con la situación de la aerolínea durante el período en que recibió una inyección de recursos públicos aprobada por el Gobierno español.

La solicitud del juez busca dar un paso adicional respecto a la colaboración ya existente entre ambos países. Aunque la información había sido compartida previamente con fines de investigación, ahora se pretende que pueda ser utilizada formalmente como evidencia durante el proceso judicial.

La causa continúa examinando las circunstancias que rodearon el rescate de Plus Ultra, una operación que generó una intensa controversia política y numerosas preguntas sobre los criterios empleados para conceder los fondos públicos a la empresa.

Entre los aspectos que siguen bajo análisis figuran las relaciones empresariales de algunos de los implicados, el origen de determinados fondos y las gestiones realizadas en torno a la aprobación de las ayudas. Los investigadores consideran que el material obtenido en Estados Unidos podría aportar nuevos elementos para esclarecer esos hechos.

Fuente: El Economista

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