En un círculo vicioso vive esta cubana que podría tener un poco de calidad de vida para su familia, si la desidia de las autoridades no hubiera traspapelado su caso.

Yilianne Arteaga Herrera es madre de cuatro niños, uno de ellos con necesidades especiales que precisan de ella toda la atención, por lo que ni siquiera puede trabajar fuera de casa. Su vida sería de sacrificios pero también es de miseria y necesidad, porque vive en una casa a medio destruir.

Su pequeño Mateo, con dos años, es un bebito que necesita constante atención “no lo puedo dejar con mi hija mayor, que tiene 13 años, porque le están dando unas crisis de cianosis y se me queda muertecito”, explica la madre.

“Las perspectivas de vida de mi niño no son las mejores porque nació con una trisomía 13 y eso es bastante complicado. No le daban un año de vida y ya tiene dos. Aunque se complica de cualquier cosita, porque es inmunodeprimido”, cuenta.

“..tiene además síndrome de West, retraso en el neurodesarrollo; o sea, el niño no habla, no camina, no se sienta, depende de mí totalmente”, explica la cubana, quien se sostiene solo con una pensión estatal de 260 pesos en moneda nacional (unos 10 dólares), según ha publicado CubaNet.

Para Arteaga Herrera que vive en Marianao, La Habana, el conflicto no pasa solo por mantener a sus hijos : “El techo del cuarto se me desplomó el día 13 de septiembre en la tarde” pero su casa “viene cayéndose desde 2012”. “En ese primer derrumbe fui a una oficina de la Vivienda y me dijeron que vendrían a apuntalar el techo, pero nunca vinieron, ni me dieron otra respuesta”, de eso han pasado ocho años.

“Arteaga Herrera es la viuda de uno de los propietarios de la casa, el padre de sus hijos”, expone CubaNet.

 “Cuando mi suegra falleció la casa se dividió. Se hizo de mutuo acuerdo, pero no hemos podido legalizar nada. Estoy desde el 2012 arreglando los papeles y todavía no tengo ni el cambio de dirección. Para poder adjudicarme la propiedad tengo primero que reparar la casa y no tengo el dinero”, lamentó.

Según Arteaga Herrera, funcionarias del Gobierno le dijeron que, cuando tuviera “actualizada la propiedad de la casa” le podrían dar “un subsidio de 85 000 pesos”, he aquí el enredo.

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