El régimen puso a buen recaudo a sus 48 trabajadores de la salud y la construcción en San Vicente y las Granadinas, tras la erupción del volcán La Soufriere. El gobierno y la prensa oficialista elevaron esta simple acción logística al nivel de acto heróico y fuera de lo común.

Las embajadas de naciones europeas, Estados Unidos y Canadá se pusieron en contacto con sus ciudadanos para prever eventuales evacuaciones. Este tipo de acciones de los países con sus emigrados son lo más lógico en situaciones de desastres naturales o conflictos armados. 

En el caso de Cuba, las preocupaciones hacia su emigración son casi nulas, sólo limitan a cobrar tarifas consulares o prohibir selectivamente el retorno de los ciudadanos cubanos a su país. En el caso de los médicos cubanos la preocupación no es humanitaria, es solo una cuestión de negocios. 

El periódico oficialista Cubadebate usó el lema: “La Revolución no abandona a sus hijos”, para ensalzar la obligación del estado de salvaguardar la vida de sus funcionarios. El medio no explicó a sus lectores que los médicos y constructores  generan al bolsillo de los dirigentes cubanos un monto de 2 millón 500 mil dólares anuales. Muchos menos expone los casos de los médicos cubanos desterrados por romper unilateralmente los contratos de trabajo con el gobierno de la isla.  

Los colaboradores de la salud y otros trabajadores en esa minúscula nación del Caribe Oriental, generan de manera individual ingresos mensuales entre 4 mil y 7 mil dólares (según el cambio actual). A los “colaboradores” se les aplica un gravamen perpetuo del 80% de su salario por sus estudios y subvenciones recibidas por el Estado durante sus vidas.

Dista mucho la actitud y el trato del régimen hacia los ciudadanos cubanos que se encuentran en misiones de trabajo para el beneficio de la cúpula gobernante y aquellos que discrepan de las posiciones políticas del partido gobernante. 

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