La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas celebró un juicio oral y público contra cinco ciudadanos acusados de malversación en la Empresa Mayorista de Alimentos de ese territorio oriental.

El proceso, correspondiente a la causa 237 de 2025, concluyó con sanciones de entre 11 y 13 años de privación de libertad para los implicados, quienes se desempeñaban en el almacén de la Unidad Empresarial de Base 639, perteneciente a la referida entidad estatal.

De acuerdo con la información oficial, los acusados se apropiaron de productos básicos como arroz, azúcar, chícharos y frijoles, destinados a la canasta familiar normada y al consumo social en la provincia. Posteriormente, comercializaban estos alimentos en el mercado informal.

Las autoridades señalaron que el desvío afectó a más de 50 mil núcleos familiares y generó un perjuicio económico al presupuesto estatal ascendente a 623,088.68 pesos. En un contexto de marcada escasez y dificultades para garantizar el abastecimiento regular de productos básicos, el caso ha sido presentado como un ejemplo de conductas que impactan directamente en la población.

Durante el juicio, el tribunal consideró probada la responsabilidad penal de los cinco acusados por el delito de malversación, tipificado en el artículo 297, apartados 1 y 2, del Código Penal cubano. Además de las penas de prisión, se les impusieron sanciones accesorias como la privación de derechos públicos, la prohibición de ejercer profesión, cargo u oficio vinculados a la actividad económica estatal y la prohibición de salida del país.

Asimismo, se estableció la correspondiente responsabilidad civil por los daños ocasionados.

Según la nota oficial, en la tramitación del proceso se cumplieron las garantías procesales previstas en la Constitución y en la Ley del Proceso Penal, incluyendo el derecho a la defensa y la posibilidad de interponer recurso de casación tanto por parte de los sancionados como de la Fiscalía.

El juicio fue calificado como “ejemplarizante”, una expresión utilizada con frecuencia en procesos vinculados a delitos económicos que afectan bienes estatales o recursos destinados a la población. Las autoridades han reiterado en distintas ocasiones su intención de reforzar el control sobre almacenes y entidades encargadas de la distribución de alimentos, ante el incremento de irregularidades detectadas en auditorías e inspecciones.

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