Cinco doctoras cubanas que han dedicado cada una más de 30 años a ejercer la Medicina en comunidades de Matanzas reclaman que no tendrán hogares para pasar su vejez.

Las especialistas recurrieron a la sección Acuse de Recibo del diario estatal Juventud Rebelde ha exponer su situaciones particulares.

Se trata de las doctoras Edelys Pons Barrera, Lilian Juana Ramírez Vasconcelos, Ana Margarita Rodríguez Castillo, Carmen Elena Portela Rodríguez y Tania Sánchez Alonso, cada una acumula más de 34 años como médicas en las mismas comunidades a las que llegaron recién graduadas, y han vivido y trabajado en los mismos consultorios desde entonces.

Pero ahora se acercan a la jubilación y “les preocupa la situación con las viviendas que han habitado por tres décadas, en las que han crecido sus hijos, y cuya propiedad no se la pueden adjudicar, por haber sido declaradas esas instalaciones como consultorios Tipo 1: Necesarios”, como refiere la denuncia expuesta por el periodista José Alejandro Rodríguez.

Las cubanas explican que sus problemas iniciaron luego de que durante la reorganización y compactación en la atención primaria de salud, se aprobó la Resolución 431, según la cual, por la ejemplaridad y currículum, se les otorgaría a los médicos como viviendas los consultorios Tipo 2: No necesarios.

A ellas no les dieron la posibilidad de beneficiarse, advierte Acuse Recibo, donde explican que no se aplicó correctamente la metodología de la misma en la provincia de Matanzas

Sin embargo, “si se entregaron consultorios a trabajadores de Salud, directivos y personal administrativo, en coordinación con los directores provincial y municipal de Salud entonces”.

Las doctoras han reclamado sus derechos en las diferentes instancias: “el sindicato, las direcciones municipal y provincial de Salud y el Gobierno. Contactaron con Atención a la población del Ministerio de Salud Pública, con expediente 3 de 2015. Se comunicaron con el director provincial de Salud para que analizara la situación. Y nunca les dieron respuesta”.

Incluso llevaron su caso a la Fiscalía provincial y denunciaron el proceso, que no les dieron derecho a optar por vivienda a partir de esa resolución.

Desde 2015, la Fiscalía falló a favor suyo, y se hicieron requerimientos a Salud para que revisara el asunto pero tampoco les dieron una solución.

Desde entonces viven en incertidumbre, y sin respuesta.

“Médicos de la familia que cumplieron misión internacionalista, pudieron mejorar su situación económica y comprarse una casa”, señalaron en su denuncia.

Incluso agregaron que “a muchos les asignaron viviendas. Y quienes habitábamos una añadida a un consultorio no entramos en ese proceso, por la simple lógica de tener un techo; aunque tuvimos que asumir el trabajo de aquellos que fueron a misiones en el exterior”

Las especialistas volvieron otra vez a sus reclamos pues conocieron que en 2021 comenzó otro proceso de legalización de consultorios como viviendas y ellas nuevamente fueron dejadas fuera.

“Solicitamos una entrevista con la miembro del Buró provincial del Partido que atiende Salud. Ella nos facilitó una entrevista con el recién nombrado Director Provincial de Salud, quien nos oyó, pero tampoco nos pudo dar una solución. Quedó en dar respuesta en diez días y nada hasta ahora”, explicaron.

Según trascendió, en este nuevo proceso “fueron otorgadas viviendas a médicos, directivos y funcionarios de Salud”, otra vez muchos no tenían siquiera la experiencia de ellas y sus casos siguen sin una respuesta.

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