El gobierno de Donald Trump ha suscrito un acuerdo con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceder a la información personal de los más de 79 millones de beneficiarios del programa Medicaid.
Esta medida, que no ha sido anunciada públicamente, fue revelada por la agencia The Associated Press, y confirma que los datos compartidos incluyen nombres, direcciones, etnias y otros elementos que permiten localizar a inmigrantes sin estatus legal.
Según el documento firmado entre Medicare y el Departamento de Seguridad Nacional, el objetivo es obtener “la ubicación de personas extranjeras” a lo largo y ancho del país. La revelación genera alarma entre defensores de los derechos civiles, funcionarios estatales y miembros del Congreso, muchos de los cuales cuestionan la legalidad de compartir esta clase de información sensible con propósitos migratorios.
"Esta es una de las acciones más agresivas del gobierno de Trump en su cruzada contra los inmigrantes", señalaron analistas consultados por AP. El acceso a registros médicos, normalmente protegidos por estrictas leyes de privacidad, representa una expansión inédita de las capacidades de ICE, y coincide con los intentos de la administración por cumplir su meta diaria de 3,000 detenciones de inmigrantes.
La secretaria adjunta del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Tricia McLaughlin, justificó la decisión afirmando que se trata de “una iniciativa para garantizar que los inmigrantes indocumentados no están recibiendo beneficios de Medicaid destinados a los estadounidenses respetuosos de la ley”.
No obstante, funcionarios de los propios Centros de Salud han advertido sobre los posibles conflictos legales que esta colaboración podría provocar en algunos estados, especialmente donde las protecciones de datos son más estrictas.
A pesar de estas advertencias, el acuerdo avanza y no se ha especificado si ICE ya comenzó a utilizar esta base de datos para identificar y ubicar personas en situación irregular.
"El riesgo para millones de familias es inmediato: al buscar atención médica, podrían estar revelando su ubicación a los agentes de deportación", alertó un funcionario bajo condición de anonimato.
Mientras tanto, el gobernador de California Gavin Newsom, ha admitido que las redadas ya están afectando la economía estatal, intensificando el debate sobre el verdadero costo de estas medidas.
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