Ante el severo deterioro del poder adquisitivo en la isla, el exagente cubano propuso un paquete de intervención estatal que incluye fijar precios máximos a veinte alimentos básicos, sancionar márgenes comerciales abusivos y otorgar descuentos a jubilados antes de que finalice 2026.
En medio de una crisis económica marcada por una inflación interanual del 28,44 % y un incremento superior al 42 % en el costo de los alimentos, el exespía cubano Ramón Labañino Salazar presentó una serie de propuestas dirigidas a aliviar el bolsillo de la población antes de diciembre. A través de un artículo publicado en la revista oficialista Bohemia, admitió la dureza del panorama actual al afirmar que «después de un 2026 tan duro, todos merecemos llegar a diciembre con un respiro económico».
Aunque sus planteamientos no constituyen medidas oficiales del Gobierno, Labañino defiende que es viable contener los precios dentro del modelo socialista mediante una mayor regulación. Su plan central consiste en topar el valor de entre 15 y 20 productos esenciales —como arroz, frijoles, aceite, huevos, pollo y leche— tomando como referencia los costos de los productores más eficientes. Además, sugiere crear «consejos populares de precios» en cada municipio para fiscalizar los comercios, decomisar mercancías y divulgar públicamente a los vendedores que multipliquen por más de 2,5 veces el precio de origen.
El paquete económico incluye también un impuesto temporal de entre el 30 % y el 50 % sobre las ganancias comerciales consideradas extraordinarias. Con esa recaudación, plantea financiar subsidios directos y aplicar descuentos de hasta el 30 % en alimentos básicos para jubilados y trabajadores con ingresos bajos, cuyo salario mínimo de 3.210 pesos cubanos resulta insuficiente para cubrir la canasta básica. En el plano macroeconómico, aboga por frenar la emisión monetaria sin respaldo, estabilizar el mercado cambiario oficial y fomentar la producción agrícola local.
Sin embargo, estas recetas chocan con el criterio de diversos economistas cubanos. Especialistas como Pedro Monreal, Elías Amor y Ayuban Gutiérrez Quintanilla han advertido recientemente que los topes administrativos de precios suelen fracasar a las pocas semanas, incentivando la corrupción, el desvío de mercancías hacia el mercado negro y un mayor desabastecimiento. Por su parte, el economista Omar Everleny Pérez estima una contracción del PIB del 10,2 % este año, atribuyendo el colapso a desequilibrios estructurales profundos que requieren reformas más allá del control estatal.
Fuente: Juventud Rebelde
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