El gobierno que realiza sistemáticamente prácticas ilegítimas, ilegales o delitos que violan los derechos humanos para causar miedo en la población con el propósito de someterla o imponerle obediencia, perpetra “terrorismo de Estado”. Cuando esos delitos se ejecutan usando el sistema de justicia, con fiscales, jueces y tribunales, para acusar falsamente, perseguir, encarcelar y sentenciar sin garantía de debido proceso legal, es “terrorismo de Estado judicial”, y está vigente como método de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
El terrorismo perpetrado desde el gobierno busca asustar, contener o limitar a la población para que se someta al régimen y para que asuma conductas de subordinación que de otra forma no serían posibles. Las dictaduras lo llaman “vacuna” y está integrada una amplia gama de delitos. Es la desaparición del “estado de derecho” para suplantarlo por el “estado de indefensión”.
El control y manipulación del sistema de justicia es el eje principal de la metodología castrochavista para detentar indefinidamente el poder con impunidad, pues usan la criminalización del opositor, del disidente, del empresario, del periodista, del obrero o del ciudadano común para asesinar su reputación, inhabilitarlo, perseguirlo, someterlo a procesos injustos con falsas acusaciones o con imputaciones por los delitos cometidos por el propio régimen, para encarcelarlo, condenarlo, torturarlo, asesinarlo en prisión o forzarlo a exilio. Persiguen internacionalmente a sus víctimas usando el poder soberano del Estado que oprimen y así han transnacionalizado el terrorismo de Estado.
El terrorismo de Estado judicial tiene como autores directos a los “sicarios judiciales” que se presentan como fiscales, procuradores y jueces verdugos. Son sicarios porque se trata de matones asalariados investidos de facultades de administrar justicia por el régimen, son títeres macabros que cumplen la voluntad de la dictadura, violan los derechos humanos y las leyes que deberían proteger, dictando “fallos y sentencias infames”. Son falsificadores y prevaricadores reincidentes y obsecuentes protectores de la impunidad del dictador y su entorno.
Los casos son miles y aumentan. Recordar que en Cuba hay 1.149 presos políticos certificados por Prisoners Defenders y que cada uno de ellos es una falsa acusación, una manipulación de fiscales y jueces, de extorsiones a las familias, de tortura y penurias a los presos y de órdenes y sentencias infames, para sembrar miedo, para que la gente sepa que la próxima vez que protesten pacíficamente sufrirán años de vejámenes y perdida de libertad por “orden de la justicia”.
En Venezuela hay 1.905 presos políticos certificados por el Foro Penal venezolano y cada uno de ellos es un caso de la “justicia dictatorial” operada por los “sicarios judiciales”. Solo recordar que Nicolás Maduro y su régimen llevan a juicio y condena a 7 menores detenidos por haberse manifestado contra el fraude del 28 de julio; que los jueces de la dictadura han aprobado -con sentencia infame- el fraude electoral perpetrado por Maduro y su Consejo Electoral; y que la fiscalía de la dictadura investiga y persigue a María Corina Machado -que está en la clandestinidad- falsificando la acusación de traición a la Patria.
En Bolivia este crimen comenzó con la persecución al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, su Gabinete y Alto Mando Militar luego de derrocarlo en octubre del 2003 y con la firma de dos decretos de amnistía por Carlos Mesa a los golpistas y subversivos. Sigue con los crímenes de Evo Morales para imponer su constitución plurinacional en la Masacre el Hotel las Américas que da los casos “terrorismo 1 y terrorismo 2″ en los que cientos de inocentes son juzgados, apresados y condenados.
Con Luis Arce se aplica a la ex presidenta Añez, al gobernador Camacho, al dirigente cívico de Potosí Pumari y una larga lista de 321 presos políticos certificados por Global Human Rights League. Acaban de agregar como víctima al ex presidente Sánchez de Lozada con una condena infame por haber hecho de Bolivia la potencia gasífera que la dictadura destruyó.
En Nicaragua, el “Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas” certifica 46 presos políticos, pero el terrorismo judicial se expresa con la persecución que expulsa y exilia, para luego privar de sus derechos ciudadanos y nacionalidad a cientos de nicaragüenses que incluyen dirigentes políticos, cívicos, religiosos, periodistas y ciudadanos. El terrorismo de Estado ha aprobado una ley que permite juzgar a los opositores exiliados con el fin de despojarlos de todo patrimonio y derecho y los sicarios judiciales la aplicarán.
Los sicarios judiciales son los autores materiales del terrorismo de Estado judicial y deben ser identificados, procesados y sancionados internacionalmente como violadores de derechos humanos e incorporados a la lista publica de la infamia universal.
(Tomado de Infobae)