El régimen de La Habana sigue en su escalada para controlar aún más los medios de comunicación y la información que circula en el país, incluso en internet.
Con ese objetivo y bajo premisas como que no pueden publicar contenido "en ningún caso" que inciten a "la apología del odio entre los cubanos", este martes presentaron la versión 32 del Anteproyecto de Ley de la Comunicación Social.
El documento pasará por un proceso de consulta especializada hasta el próximo septiembre y se habilitó el correo leydecomunicacion@minjus.gob.cu para recibir los criterios de la población, informaron voceros del régimen en una conferencia de prensa.
Según el Anteproyecto de Ley de la Comunicación Social, los medios de comunicación en Cuba serán "de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República de Cuba; abarcan instituciones de la prensa impresa y digital, las agencias de prensa, la radio y la televisión" (Artículo 24.2).
Todos los medios reconocidos en Cuba tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas, con independencia de que pertenezcan "a instituciones y entidades del Estado, órganos locales del Poder Popular, organizaciones políticas, sociales y de masas, formas asociativas y otros actores económicos y sociales legalmente reconocidos" (Artículo 25.2).
En cuanto a los contenidos, la futura Ley de la Comunicación Social en Cuba establece que "en ningún caso pueden emplearse para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos, con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista de derecho, hacer cualquier otra acción ilegal similar contra persona o grupos por motivos de discriminación, o cualquier otra condición y circunstancia personal lesiva a la dignidad humana" (Artículo 11.3).
Tampoco los medios en Cuba podrán publicar contenido que pueda "utilizarse para dar tratamiento morboso a accidentes, hechos delictivos, desastres u otros eventos similares; ni desacreditar o difamar a las personas y entidades, sin argumentos apegados a la verdad".
Esas limitaciones aplican para contenido de "todo tipo de dato, información, conocimiento, concepto, interpretación, opinión, sentido y significado en formato textual, gráfico, sonoro, audiovisual o multimedial, que se comunica en los espacios públicos físico o digital, generado, publicado o compartido por cualquiera de los sujetos obligados mencionados" (Artículo 11.1).
Desde el Artículo 1.2 establecen que las "regulaciones son de aplicación a los órganos del Estado, los organismos de la Administración Central del Estado, las entidades nacionales, los órganos locales del Poder Popular, las organizaciones políticas, de masas y sociales, otras formas asociativas, las instituciones mediáticas, el sector empresarial, demás actores económicos y sociales, todos los ciudadanos cubanos y los extranjeros que residan de forma permanente o temporal o transiten por el territorio nacional".
En el Artículo 4, dejan claro que en Cuba el primer principio del sistema de comunicación social es "fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba, como pilares del proceso de construcción de la sociedad socialista, independiente, soberana, democrática, próspera y sostenible".
Pese a las limitaciones y control sobre los medios, la información y la comunicación en Cuba, Humberto Fabián Suárez, vicepresidente de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, cree que la nueva ley "es la única en el mundo que, de manera armónica e integrada, aborda todos los ámbitos de la comunicación y establece la pauta de actuación de sus profesionales en el ámbito institucional, en el ámbito mediático y en el ámbito comunitario".
Jorge Legañoa Alonso, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), apuntó que con la nueva ley el ciudadano será "el objeto fundamental de la comunicación en nuestro país. Es el derecho del ciudadano a la información y no solamente el derecho del ciudadano a recibir información sino a pedir y a exigir información pública, que yo creo que es algo que ya está consagrado en la Constitución".
Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), afirmó que "ya Cuba está poniendo a disposición de nuestro pueblo en ese amplísimo proceso de construcción democrática en función de que sus leyes, de que sus disposiciones normativas tengan mayor calidad y sentido participativo, esta norma".
Aunque los voceros del régimen señalan las supuestas ventajas de la futura Ley de la Comunicación Social, la agencia española Efe puntualizó que "Cuba carece de legislaciones sobre prensa o comunicación ya que solo están vigentes políticas en la esfera mediática dictadas desde el PCC. Ninguna reconoce a los medios independientes críticos con el Gobierno y que operan en un vacío legal".
"El pasado mayo, Cuba aprobó su nuevo Código Penal en el que, entre otras cosas, sanciona con uno a tres años de cárcel a 'quien difunda noticias falsas' con el propósito de 'perturbar la paz internacional o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano'", reseñó Efe.