La represión política en Cuba no da tregua, y los datos más recientes revelan una realidad aún más preocupante: la discriminación racial está profundamente entrelazada con la persecución ideológica. Según el informe de abril de Prisoners Defenders, actualmente hay 1.155 personas privadas de libertad por motivos políticos en la isla, y un alarmante 73% de ellas son afrocubanas, pese a que este grupo representa poco más de un tercio de la población.
Este patrón de encarcelamiento desproporcionado no es una casualidad, sino evidencia de un racismo estructural que se ha afianzado en todas las esferas del sistema cubano. La organización de derechos humanos señala que de los siete nuevos prisioneros políticos documentados solo en abril, cinco son afrocubanos, lo cual refleja una tendencia sistemática.
En Cuba, el acceso al poder sigue siendo abrumadoramente blanco: en el Buró Político del Partido Comunista, apenas el 15% de los miembros son afrodescendientes. Esta exclusión política va de la mano con las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y el maltrato que sufren activistas, artistas y líderes religiosos negros por parte de las autoridades.
El racismo no solo es visible en las estadísticas, sino en los insultos y agresiones que enfrentan los detenidos. Un estudio anterior de Prisoners Defenders sobre la tortura en Cuba reveló que expresiones como “negro de mierda” son comúnmente dirigidas a presos políticos afrocubanos por oficiales de seguridad.
Organizaciones internacionales como el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial han expresado su preocupación por la persecución a defensores de derechos humanos afrodescendientes. El organismo también alertó sobre la falta de datos confiables sobre la población afrocubana, lo cual impide diseñar políticas públicas eficaces para combatir la discriminación.
La persecución alcanza incluso a comunidades religiosas como la yoruba, cuyas prácticas son reprimidas a través de mecanismos estatales de control religioso. Líderes que se niegan a integrarse en asociaciones oficiales enfrentan detenciones arbitrarias, amenazas y vigilancia constante.
Casos emblemáticos como el del rapero Maykel Osorbo, condenado a nueve años por cargos considerados arbitrarios por Amnistía Internacional, ilustran la doble penalización que sufren los artistas negros por su activismo y su color de piel. Otros como Luis Manuel Otero Alcántara y Fernando Almenares Rivera también han sido encarcelados bajo acusaciones políticas.
El informe denuncia, además, la utilización de figuras penales heredadas del pasado, como la “peligrosidad predelictiva”, que permite encarcelar a jóvenes por supuestamente tener una actitud proclive al delito, sin que hayan cometido ningún crimen. Más de 11.000 personas —en su mayoría afrocubanos— se ven afectadas por esta norma represiva.
La situación es alarmante: 456 presos presentan enfermedades graves y 38 padecen trastornos mentales sin recibir atención médica. Mientras tanto, el régimen cubano continúa negando su responsabilidad y perpetuando un sistema excluyente y represivo.
Desde múltiples organismos internacionales, las voces se alzan exigiendo a La Habana respeto a los derechos humanos y acciones concretas para erradicar la discriminación racial. Pero hasta ahora, el gobierno no ha dado señales de cambio. Los afrocubanos siguen siendo los más castigados por disentir.
(Con información de Infobae)
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