En medio de una creciente ola de malestar ciudadano por la inflación, la escasez de productos básicos y el deterioro generalizado de la economía, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz lanzó nuevas amenazas contra el sector no estatal, al que responsabiliza por los altos precios y la desorganización del mercado.
Durante una reunión mensual con gobernadores y autoridades del municipio especial Isla de la Juventud, transmitida por el medio oficialista Canal Caribe, Marrero arremetió contra los comerciantes privados y revendedores, acusándolos de encarecer la vida de los cubanos.
"Y si esconden el aceite, vamos a ir atrás, a la casa almacén esa. Y en ese caso no es multa, no es venta forzosa, es decomiso”, sentenció el funcionario, en un tono marcadamente punitivo.
Marrero centró su discurso en la necesidad de “reordenar” la relación con los actores económicos no estatales, a los que acusó de operar sin controles adecuados y de contradecir el “espíritu” de las reformas económicas promovidas por el régimen.
No obstante, evitó cualquier mención a la ineficacia del Estado en garantizar una oferta estable y suficiente de bienes y servicios.
El primer ministro defendió el cuestionado programa de gobierno —una estrategia con más de 200 acciones agrupadas en 11 ejes— como la vía principal para atender las múltiples crisis del país.
Sin embargo, no ofreció cifras, resultados concretos ni proyecciones claras, limitándose a declaraciones generales sobre la necesidad de “disminuir las afectaciones” a la población.
Uno de los puntos más polémicos fue la insistencia en que los precios topados deben respetarse, exigiendo a los gobiernos locales que actúen con mayor firmeza sin esperar órdenes “de arriba”.
Esta postura refuerza una línea de acción que prioriza el control y la represión sobre el estímulo productivo y la negociación con el sector privado.
En paralelo, el gobierno ha adoptado medidas como la inspección de grandes negocios privados, el reajuste de tarifas eléctricas y nuevas restricciones en el acceso al combustible mediante tarjetas prepagas.
Estas decisiones, lejos de generar confianza, han sido recibidas con escepticismo por la ciudadanía, que percibe en ellas una repetición de viejas fórmulas sin resultados tangibles.
Marrero concluyó con una vaga referencia a la crisis habitacional, sin anunciar nuevas construcciones ni planes de financiamiento. Sus declaraciones reafirman una política que busca controlar al sector privado sin reconocer los fallos del modelo estatal, profundizando la incertidumbre económica en la Isla.
No obstante toda su palabrería, nunca analizó los exhorbitantes precios que pone el estado, ya sea, por MLC o las tiendas de divisas.
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