El Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) colocó como prioridad “crecer en la elaboración de alimentos nutritivos” al evaluar el llamado Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, una línea que presentó como aporte “concreto” para recuperar producciones “en beneficio del pueblo”.
La propuesta se expuso durante una reunión de dirección del organismo, con el argumento de que si el sistema empresarial consigue elevar la producción y ampliar la comercialización, eso se traduciría en más ventas e ingresos, una “mayor oferta” y, en consecuencia, una mejor “estabilización” de los precios.
Sin embargo, el propio análisis reconoce las limitaciones actuales. El MINAL aporta nueve productos a la canasta familiar normada, pero admite que no cumple sus producciones físicas por el déficit de materias primas, tanto nacionales como importadas.
Dentro de las “reservas” planteadas para aliviar el panorama, el ministerio mencionó la acuicultura. En ese apartado, se alude a la disponibilidad de “más de 100.000 hectáreas en los embalses” asociadas a la “voluntad hidráulica”, con la idea de que esos cuerpos de agua —además de abastecer consumo y riego— podrían aprovecharse para incrementar la producción de peces.
El reporte también sostiene que actores económicos no estatales podrían importar insumos para la industria nacional y así facilitar productos a “menor costo” y de “mutuo beneficio”, aunque reconoce que existen “frenos en los encadenamientos”. Entre las razones señaladas aparecen “elementos subjetivos” atribuibles a decisiones de empresarios, lo que —según el documento— exigiría “un cambio urgente” y un “perfeccionamiento” del sistema de gestión empresarial. Asimismo, se afirma que ya se han observado “los mejores ejemplos” en actividades realizadas en industrias y fábricas.
En el capítulo de “oportunidades”, los directivos incluyeron la captación de inversión extranjera y la dolarización parcial de la economía, bajo el argumento de que esa vía ofrecería garantías a potenciales inversionistas para recuperar capital dentro de los plazos previstos en estudios de prefactibilidad. También se plantea “no desestimar” los ingresos internos en divisas que circulan en la economía nacional, con referencia explícita al año 2026.
El documento resalta, además, la importancia de los sistemas de gestión de la calidad, al tiempo que enumera problemas persistentes relacionados con “índices de consumo”, “temas de calidad”, “delito” y “mala calidad” en determinadas producciones.
El planteamiento del MINAL llega en un contexto marcado por señales contradictorias en distintos territorios. En junio de 2025, autoridades de Ciego de Ávila hablaron de avances en la “soberanía alimentaria”, pero desde la población se respondió con que las mesas continuaban vacías, poniendo en duda la eficacia real de esos programas.
Poco después, en Villa Clara se anunció el reinicio de la venta diaria del pan normado, aunque la medida vino acompañada por limitaciones técnicas y quejas vinculadas a la calidad, un reflejo recurrente de los tropiezos en la distribución.
A inicios de agosto, una investigación advirtió que una pareja cubana necesitaba más de 40 mil pesos mensuales solo para cubrir la alimentación, una cifra que subraya el desajuste entre ingresos y costos de vida. Luego, en Matanzas, ante la falta de harina, se reportó la entrega de galletas a 850 pesos como sustituto del pan de la canasta básica, alternativa que generó molestia y cuestionamientos.
En noviembre, el Ministerio de Educación (MINED) impulsó una campaña sobre alimentación adecuada en las escuelas, mientras se mantenían reportes de estudiantes que asistían a clases sin desayunar, en un escenario donde muchas familias no logran garantizar siquiera mínimos nutricionales.
En ese marco, la promesa de “alimentos nutritivos” choca con una realidad reconocida por el propio ministerio: producir más depende de insumos que no están, de engranajes que no terminan de encajar y de un sistema que sigue administrando carencias como si fueran planes.
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