Las autoridades estadounidenses detuvieron al exfuncionario cubano Carlos Antonio Lloga Domínguez, quien trabajó durante más de una década en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), tras revocarle su estatus legal en el país por sus presuntos vínculos con actividades de influencia en favor del régimen cubano.
Según informó Martí Noticias, Lloga Domínguez fue arrestado junto a su esposa y su hijo, quienes permanecen bajo custodia federal mientras avanzan los procedimientos para su deportación.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la medida y aseguró que la administración del presidente Donald Trump no permitirá que personas vinculadas a operaciones de propaganda o influencia de gobiernos extranjeros permanezcan en territorio estadounidense.
"Estados Unidos jamás será un refugio para comunistas extranjeros que difunden propaganda, llevan a cabo operaciones de influencia subversiva o apoyan movimientos radicales antiestadounidenses dentro del país", afirmó Rubio al anunciar la revocación del estatus migratorio del exfuncionario.
De acuerdo con el Departamento de Estado, Lloga Domínguez continuó manteniendo vínculos con el ICAP incluso después de establecerse en Estados Unidos. Washington sostiene que esa organización forma parte de una red internacional utilizada por el Gobierno cubano para promover propaganda, desarrollar operaciones de influencia y apoyar actividades de inteligencia en distintos países.
Rubio recordó que el ICAP fue incluido recientemente entre las entidades sancionadas por la administración Trump mediante una orden ejecutiva relacionada con Cuba. Según el jefe de la diplomacia estadounidense, cualquier persona que mantenga relaciones o transacciones con la organización podría enfrentar sanciones, procesos judiciales o medidas migratorias.
El Departamento de Estado también señala que el actual presidente del ICAP, Fernando González Llort, fue condenado en Estados Unidos por su participación en la denominada Red Avispa, una red de espionaje cubana desmantelada en Florida en la década de 1990.
La decisión fue respaldada por el congresista republicano Carlos Giménez, quien felicitó a Rubio por la actuación del Gobierno y sostuvo que los agentes vinculados a la dictadura cubana no tienen cabida en Estados Unidos.
Por su parte, la también congresista María Elvira Salazar había solicitado meses atrás sanciones contra el ICAP, al que calificó como una organización utilizada para labores de inteligencia y propaganda política al servicio del régimen cubano.
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