La demanda presentada por 992 cubanos con documentos I-220A ante una corte federal de Miami avanza hacia una nueva etapa, pero el proceso todavía no contempla una decisión que reconozca esos documentos como parole ni que otorgue la residencia permanente a los demandantes.
El caso, identificado como Bello-Rubio v. Noem, se encuentra ante la jueza federal Jacqueline Becerra. El pasado 18 de septiembre, los abogados de los demandantes presentaron una segunda versión enmendada de la demanda con el objetivo de precisar las circunstancias y la autoridad migratoria bajo las cuales los cubanos fueron detenidos antes de ser liberados con I-220A.
Uno de los próximos pasos será la respuesta del Gobierno federal a varias solicitudes planteadas dentro del litigio. La jueza concedió una extensión que establece el 9 de octubre de 2026 como nuevo plazo para que las autoridades presenten su posición sobre estos asuntos.
Entre las peticiones pendientes se encuentra el intento de transformar el proceso en una acción colectiva, lo que podría ampliar el alcance del litigio a otros cubanos que se encuentren en circunstancias migratorias similares.
Los demandantes también solicitaron determinadas protecciones mientras continúa el proceso judicial. El Gobierno tendrá hasta el 9 de octubre para responder a estas solicitudes. La prórroga fue concedida por Becerra y no contó con oposición de los abogados de los cubanos.
El movimiento judicial ha generado expectativas entre numerosas familias cubanas que llevan años enfrentando incertidumbre sobre su situación migratoria en Estados Unidos. Sin embargo, el nuevo plazo establecido por la corte no representa una fecha para conceder residencias ni implica que las solicitudes de los demandantes ya hayan sido aprobadas.
Asimismo, la jueza Becerra todavía no ha certificado el caso como una acción colectiva.
Por tanto, el 9 de octubre constituye principalmente un plazo procesal para que el Gobierno responda, mientras el litigio continúa su curso. Cualquier decisión posterior sobre las protecciones solicitadas, la posible acción colectiva o la interpretación jurídica del I-220A dependerá de las determinaciones que adopte el tribunal.
Fuente: Plataforma Laura Jimenez P.A.
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