La indignación expresada por el intelectual Cesario Navas pone palabras a una experiencia cotidiana que miles de cubanos viven a diario en los comercios dolarizados: pagar con dinero real y no recibir el vuelto que legítimamente les corresponde.
No se trata de un error aislado ni de una simple carencia logística, sino de una práctica que se ha ido institucionalizando con total descaro y que hoy constituye una forma abierta de abuso contra el consumidor.
El mecanismo es tan humillante como perverso. El cliente realiza su compra y, al momento de recibir el vuelto, se le “compensa” con caramelos, bombones, sopas instantáneas o cualquier otro producto que tenga poco valor práctico en ese momento.
El mensaje es claro: no importa lo que necesites, importa deshacerte de tu dinero. El cubano se ve forzado a aceptar mercancías que no pidió, pagando por ellas con centavos que, en teoría, deberían regresar a su bolsillo.
Pero la situación se agrava cuando ni siquiera existe esa falsa compensación. Hay casos —como el relatado en el mercado de Infanta y Santa Martha— en los que el vuelto simplemente desaparece. La cajera reconoce que no hay productos equivalentes y, con una sonrisa resignada, comunica que no puede devolver nada.
El cliente se va con menos dinero del que le corresponde, sin protesta efectiva, porque el sistema está diseñado para que reclamar sea inútil.
Lo más grave es que ese dinero no devuelto queda registrado en la caja como si hubiera sido entregado. El comprobante refleja un vuelto que nunca llegó a manos del comprador. Al final del día, ese “sobrante” se convierte en una propina forzada, una ganancia irregular que alguien termina apropiándose. Así, el abuso se reproduce en cadena: si desde arriba se roba, desde abajo se imita el robo.
Este modelo no es socialismo, ni justicia social, ni equidad. Es un capitalismo salvaje y deformado, donde el consumidor carece de derechos reales y el Estado guarda un silencio cómplice. La incapacidad gubernamental para organizar un sistema comercial mínimamente funcional se traduce en distorsiones que nacen desde el primer día y se mantienen por la indiferencia de ministros, diputados y autoridades reguladoras.
Resulta incomprensible que prácticas tan evidentes no sean investigadas ni sancionadas. El silencio oficial hiere tanto como el robo mismo. Por eso, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo? ¿Quién responde por este despojo diario? La espera continúa, pero la paciencia del pueblo está peligrosamente cerca de agotarse.
Del perfil de Cesáreo Navas
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