Un cubano en Estados Unidos fue condenado este miércoles por participar en un esquema de fraude y soborno de licencias de conducir comerciales, informó el Departamento de Justicia.
Marino Maury Díaz-León, de 55 años, ciudadano cubano que vive en San Antonio, Texas, participó en el esquema junto a Fernando Guardado Vázquez, de 43 años, y Alonzo Blackman, de 68 años, fue empleado del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), quien es el principal acusado.
Díaz-León fue condenado a 12 meses y un día de prisión. El 26 de mayo de 2021, el cubano se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude por correo y servicios.
Por su parte, Alonzo Blackman fue sentenciado ayer a 24 meses de prisión por su papel en un esquema de fraude y soborno de licencias de conducir comerciales.
Según documentos judiciales, desde enero de 2017 hasta junio de 2019, Alonzo Blackman fue empleado del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y supervisó la emisión de licencias de conducir comerciales (CDL).
El 13 de febrero de 2020, Blackman se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de correo y servicios honestos. Además de la sentencia de prisión, a Blackman se le ordenó pagar una sentencia de dinero de 215 000 dólares.
"Una CDL permite al titular conducir y operar grandes vehículos comerciales y autobuses. Para ser elegible para una CDL, el solicitante debe aprobar un examen escrito y una prueba de habilidades. La investigación reveló que Blackman no administró la prueba de habilidades a los solicitantes, sino que los aprobó como si se hubiera realizado la prueba", explicó el Distrito Oeste de Texas.
Blackman emitió 215 CDL fraudulentas y recibió un pago de aproximadamente 1000 dólares por CDL.
Tanto el cubano Marino Maury Díaz-León como Fernando Guardado Vázquez pagaron sobornos a Blackman.
De las 215 CDL fraudulentas, 197 fueron para ciudadanos cubanos; 11 a ciudadanos estadounidenses; uno a un nacional de la República Dominicana; uno a un ciudadano etíope; uno a un ciudadano iraquí; uno a un ciudadano puertorriqueño; uno a un ciudadano ucraniano; y dos a nacionales mexicanos.
"Este caso representa una violación atroz de la confianza y la seguridad del público. Nuestra oficina continuará trabajando con el FBI y nuestros otros socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a los funcionarios corruptos y a quienes conspiran con ellos por sus acciones criminales", dijo la fiscal federal Ashley C. Hoff.
"El FBI está comprometido a trabajar con nuestros socios para responsabilizar a los funcionarios públicos por la confianza que les otorgan los ciudadanos a los que servimos", dijo el agente especial a cargo del FBI, Oliver E. Rich Jr.
"Seguiremos investigando agresivamente las denuncias de corrupción y me gustaría agradecer a nuestros socios por su fuerte asociación y su incesante búsqueda de la justicia", agregó.
El FBI y los Texas Rangers con el Departamento de Seguridad Pública de Texas investigaron el caso, concluyó el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.