El régimen cubano anunció recientemente la excarcelación de 51 prisioneros, una medida presentada tras gestiones del Vaticano y que ha sido utilizada por las autoridades como muestra de supuesta voluntad de diálogo. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el gesto es limitado y no cambia la realidad represiva que vive la isla, donde actualmente se registran 1.214 presos políticos.
Entre los excarcelados se encuentran cinco manifestantes detenidos durante las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J), las mayores manifestaciones antigubernamentales registradas en Cuba en décadas. Aquellas protestas surgieron en medio de una profunda crisis económica, apagones generalizados y el descontento creciente por la falta de libertades.
Los cinco liberados son:
Ibrahín Ariel González Hodelin, de 26 años, condenado a 9 años de prisión y recluido en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Ariel Pérez Montesino, de 52 años, condenado a 10 años en la prisión de Guanajay, en Artemisa.
Juan Pablo Martínez Monterrey, de 32 años, condenado a 11 años en el campamento de trabajos forzados Ceiba 5, en Artemisa.
Ronald García Sánchez, de 33 años, condenado a 14 años en el campamento Toledo 2, en Marianao, La Habana.
Adael Jesús Leivas Díaz, de 29 años, condenado a 13 años en la zona 0 del Combinado del Este, también bajo régimen de trabajos forzados.
No obstante, la excarcelación no significa la anulación de las condenas. Según denuncian activistas y organizaciones de derechos humanos, estos presos continúan bajo un sistema de libertad condicional extremadamente restrictivo, que funciona en la práctica como una especie de “régimen carcelario domiciliario”. Esto implica vigilancia constante, limitaciones para desplazarse y la amenaza permanente de regresar a prisión si incumplen las condiciones impuestas por el Estado.
La situación general en Cuba sigue siendo alarmante. De acuerdo con el informe más reciente de la organización Prisoners Defenders, la isla cerró el mes de febrero con 1.214 personas encarceladas por motivos políticos, la cifra más alta registrada desde que esa entidad comenzó a documentar la represión en el país.
El presidente de la ONG, Javier Larrondo, advirtió que la represión sigue siendo una herramienta sistemática del régimen frente a cualquier manifestación de inconformidad. “La represión es una constante frente a cualquier expresión de descontento”, afirmó en declaraciones recogidas por la prensa internacional.
La mayoría de estos prisioneros fueron detenidos tras las protestas del 11J o en acciones posteriores vinculadas a activismo cívico, manifestaciones pacíficas o publicaciones críticas en redes sociales. Muchos enfrentaron juicios sumarios, con escasas garantías legales y condenas severas que, en algunos casos, superan los diez o quince años de prisión.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas dentro y fuera de la isla insisten en que ninguna de estas personas debería estar en prisión, pues fueron castigadas únicamente por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, manifestación y asociación.
Fuente: Defensores de los presos
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