Una residente del municipio Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, alertó en redes sociales sobre la posible suspensión del servicio de taxis priorizados destinado a pacientes de hemodiálisis, una situación que, según expone, afecta directamente a personas con condiciones de salud críticas.
La denuncia fue realizada por una madre cuyo hijo recibe tratamiento en el Hospital General Guillermo Domínguez López. En su publicación, señala que el problema se ha extendido durante varias semanas y estaría relacionado con limitaciones en el suministro de combustible, lo que compromete la continuidad del transporte especializado.
De acuerdo con su testimonio, autoridades locales habrían planteado como alternativa el ingreso hospitalario de los pacientes para garantizar las sesiones de tratamiento. Sin embargo, la propuesta es cuestionada por la familia debido a las condiciones del centro, que —según describe— enfrenta carencias de recursos, personal y capacidad de atención.
Los pacientes sometidos a hemodiálisis requieren acudir de forma periódica a unidades médicas para recibir el tratamiento que sustituye la función renal. Las dificultades de movilidad, sumadas al estado físico asociado a la enfermedad, hacen que dependan en gran medida de transporte asistido para poder cumplir con sus sesiones.
Además de los problemas de traslado, la publicación menciona limitaciones dentro del propio servicio hospitalario, como fallas en equipos, escasez de medicamentos y déficit de personal sanitario, factores que complican aún más la atención a este grupo vulnerable.
El señalamiento también apunta a una percepción de desigualdad en el acceso a recursos como el combustible, tema que ha generado malestar en el contexto de la actual situación energética del país.
La situación en Las Tunas se enmarca en un escenario más amplio de dificultades en el suministro de energía y combustible, que ha impactado diversos servicios públicos. En otras provincias, el transporte para pacientes con enfermedades crónicas también enfrenta limitaciones, aunque en algunos territorios se mantienen alternativas operativas para garantizar la atención médica.
El caso ha reavivado el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema ante necesidades sanitarias prioritarias y las condiciones en que se prestan servicios esenciales a pacientes de alto riesgo.
Fuentes: Publicación de Yolyta Rodrig y CiberCuba
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