La batalla legal en el segundo mandato del presidente Donald Trump no se ha hecho esperar. Apenas unas horas después de que el mandatario firmara una orden ejecutiva que elimina la ciudadanía automática por nacimiento, 22 Estados presentaron demandas en tribunales federales para bloquearla, argumentando que es inconstitucional y representa un ataque directo contra la Enmienda 14 de la Constitución.
El decreto, de aproximadamente 700 palabras, establece que los niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros ya no serán considerados ciudadanos. Según la nueva disposición, quedan excluidos aquellos cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, incluso si la madre está en el país legalmente pero de manera temporal. Esta decisión rompe con más de un siglo de jurisprudencia que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus progenitores.
El argumento central de Trump es que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, y por tanto no cumplen con los requisitos establecidos por la Enmienda 14. Esta enmienda, adoptada tras la Guerra de Secesión, es considerada una de las más importantes de la Constitución y garantiza explícitamente: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
La orden de Trump también prohíbe a las agencias federales reconocer la ciudadanía de los grupos excluidos, una medida que entrará en vigor el próximo 19 de febrero. Ante esta acción, 18 Estados, junto con el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, presentaron una demanda conjunta en un tribunal federal. “El intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento es extraordinario y extremo”, afirmó Matthew J. Platkin, fiscal general de Nueva Jersey, quien lidera el esfuerzo legal. “Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución con un simple decreto”.
Entre los estados que se han unido a la demanda destacan California, Massachusetts, Colorado, Nueva York, Vermont y Michigan, entre otros. De manera paralela, cuatro estados —Arizona, Illinois, Oregón y Washington— han presentado una demanda separada ante otro tribunal federal.
William Tong, fiscal general de Connecticut y ciudadano estadounidense por derecho de nacimiento, también expresó su rechazo al decreto, calificándolo como un ataque personal. “La Enmienda 14 dice lo que dice, y significa lo que significa: si naces en suelo estadounidense, eres ciudadano estadounidense. Punto. No hay margen para interpretaciones alternativas. Sin embargo, el presidente Trump está dispuesto a infligir un daño profundo e inmediato a las familias estadounidenses, como la mía, por motivos ideológicos”, declaró Tong, quien es el primer fiscal general chino-estadounidense elegido en el país.
Además de los fiscales generales, numerosos grupos defensores de los derechos civiles y de los inmigrantes han iniciado acciones legales. Por ejemplo, filiales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Nueva Inglaterra, junto con otras organizaciones pro inmigrantes, presentaron una demanda ante el tribunal federal de New Hampshire. Argumentan que la orden ejecutiva de Trump es un ataque a los derechos fundamentales y viola los principios básicos de igualdad y justicia consagrados en la Constitución. “Despojar a los niños del ‘tesoro incalculable’ de la ciudadanía no solo es un acto cruel, sino también una amenaza a la cohesión de nuestra sociedad”, asegura la demanda.
Los opositores al decreto advierten que su implementación no solo dejaría a miles de niños nacidos en el país en un limbo legal, sino que también sentaría un peligroso precedente al permitir que el poder ejecutivo reinterprete disposiciones constitucionales de manera unilateral. Según expertos legales, cualquier intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento requeriría una enmienda constitucional, lo que hace que la orden ejecutiva de Trump sea altamente susceptible a ser bloqueada en los tribunales.
Mientras tanto, la Casa Blanca defiende la medida como un paso necesario para proteger la soberanía del país y disuadir la inmigración irregular. Sin embargo, críticos argumentan que este movimiento responde más a objetivos políticos que a una base legal sólida, y podría dividir aún más a la nación en temas de inmigración y derechos civiles.
La próxima fase de este enfrentamiento legal será decisiva, ya que los tribunales tendrán que decidir si la orden ejecutiva se alinea con los principios de la Constitución o si representa un abuso de poder presidencial.
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